Las oficinas de Defensa del Consumidor en el país estarán habilitadas para recibir denuncias y dar orientación a las familias que consideren que sus derechos fueron vulnerados con «contratos irregulares o cláusulas abusivas».
El Gobierno nacional anunció este lunes que aplicará sanciones y acciones legales contra empresas inmobiliarias que hayan vulnerado los derechos de los compradores mediante «contratos irregulares o cláusulas abusivas», luego de las denuncias presentadas por familias que adquirieron terrenos en distintas urbanizaciones del país.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor permitieron identificar irregularidades en algunos contratos, entre ellas modificaciones que habrían eliminado garantías previamente establecidas o impuesto condiciones desfavorables para los compradores.
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La autoridad remarcó que estos casos serán diferenciados de las empresas que cumplen con la normativa y operan formalmente en el mercado inmobiliario.
«La gente tiene la voluntad de seguir pagando, pero los contratos tienen que ser justos. No se puede meter en la misma bolsa al sector inmobiliario serio con piratas que entraron al rubro para hacer las cosas mal y aprovecharse de las familias», afirmó Justiniano.
El ministro explicó que Defensa del Consumidor revisa los contratos caso por caso y recordó que el certificado correspondiente debe garantizar que estos se encuentren libres de cláusulas abusivas. «Lo que respete la ley se respalda, pero lo que no la respete enfrentará los procesos que correspondan», sostuvo.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ratificó que el Gobierno garantizará la seguridad jurídica tanto de las empresas como de los usuarios cuyos contratos se encuentren dentro del marco legal.
«Cada contrato que esté dentro del marco de la legalidad, dentro de la normativa vigente, tiene que ser respetado», afirmó. Sin embargo, aclaró que esta garantía no alcanza a contratos que contengan cláusulas abusivas, cobros que excedan lo permitido o condiciones que no se ajusten a la normativa. En esos casos, Defensa del Consumidor y los organismos reguladores correspondientes podrán intervenir y aplicar las medidas previstas por ley.
Espinoza señaló que el Gobierno busca diferenciar a las empresas que cumplen la normativa de aquellos actores que operan al margen de ella.
«Está claro que nuestro rol como Gobierno es encontrar e identificar aquellos sectores que no están cumpliendo, aquellas empresas o aquellos actores que no están cumpliendo, y ahí, obviamente, se aplicará toda la normativa que corresponde», manifestó.
Las oficinas de Defensa del Consumidor a nivel nacional permanecen habilitadas para recibir denuncias y brindar orientación a las familias que consideren que sus derechos fueron vulnerados.
Los anuncios se realizaron después de una reunión entre autoridades nacionales y representantes de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), convocada a raíz de las denuncias de compradores de terrenos por el incremento de sus cuotas y las dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Como resultado del encuentro, Espinoza informó que durante este agosto se mantendrán los planes de pago previamente acordados con las empresas afiliadas a la Cámara. Asimismo, desde el próximo lunes se instalarán mesas técnicas para buscar mecanismos que permitan garantizar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos.