La denuncia es un llamado urgente a la acción. Las comunidades indígenas de Pando y Beni no piden otra cosa que el cese de la actividad minera ilegal y la implementación de políticas públicas que garanticen su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
eju.tv / Video: Radio Fides
Una crisis sanitaria silenciosa se extiende por la Amazonía boliviana. El dirigente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Freddy Fernández, denunció hoy (21) que las comunidades indígenas asentadas a orillas del río Madre de Dios son envenenadas por el consumo de pescado y huevos de tortuga (peta) contaminados con mercurio, producto de la actividad ilegal de extracción de oro aluvial que, según su testimonio, se ha intensificado en la región sin que las autoridades departamentales o nacionales tomen cartas en el asunto.
«Está grave eso hermano. Miren que hay noticias que se han muerto algunos compañeros del pueblo Esse Ejja en Reyes, en municipio de Reyes, miren que no se sabe, por comer el huevo de peta directamente creemos nosotros que como el pescado está contaminado ya con mercurio también pues la peta porque no, si también para en el agua y sus huevos. De que más pueden estar intoxicados los hermanos si estaban en la playa y han comido huevos de peta solamente, entonces eso ya es preocupante porque nosotros tenemos ya bastante pruebas de cabello que estamos con mercurio los indígenas, entonces es muy preocupante hermano», denunció Fernández ante los medios.
La denuncia de Fernández coincide con el clamor del pueblo indígena Esse Ejja del municipio de Reyes, en Beni, que el pasado 17 de agosto llegó a La Paz para reportar la muerte de al menos 12 personas y la aparición de múltiples enfermos a causa de la contaminación por mercurio. Este pueblo, que depende del río para su alimentación, ve cómo su dieta tradicional se convierte en una sentencia de muerte, mientras la Defensoría del Pueblo ya había advertido en 2022 que la nación Esse Ejja corre riesgo de extinción física y cultural.
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Un estudio realizado entre 2021 y 2022 por la Universidad de Cartagena (Colombia) y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) arrojó cifras alarmantes. Los Esse Ejja registran los niveles más altos de mercurio en cabello de Bolivia, con un promedio de 6.9 partes por millón (ppm) y picos de hasta 25 ppm, muy por encima del límite de 1.0 ppm recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las mujeres de esta etnia alcanzaron el valor más elevado del estudio (7.58 ppm), y el 74.5% de los evaluados supera el límite seguro, lo que evidencia una intoxicación generalizada.
El dirigente de la CIPOAP explicó que la contaminación se origina en la actividad minera ilegal que opera en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, donde el mercurio utilizado para separar el oro se vierte directamente al agua.
«Vayan a visitar el río Madre de Dios, está lleno de balsas de garimperos ilegales, y al fin y al cabo los legales igual nos están matando», sentenció Fernández, al criticar la pasividad de las autoridades que, a su juicio, conocen el problema pero no actúan para frenarlo.
El testimonio de Fernández se suma al de Carla Oliveira, corregidora del municipio de Magdalena (Beni), quien denunció días atrás que, tras entrar en contacto con las aguas del río Blanco, presentó graves daños en la piel y fue alertada en Argentina sobre un posible cáncer de piel. «Nos están matando», había dicho Oliveira, en un grito que ahora resuena con fuerza en la denuncia de Fernández, evidenciando que la contaminación por mercurio no es un problema aislado, sino una crisis que atraviesa varios departamentos del norte boliviano.
El problema ya ha sido documentado por investigaciones científicas. Un reportaje de Mongabay reveló que diez especies de peces que habitan el río Beni presentan distintos niveles de contaminación por mercurio, y aunque el estudio identificó que no todas las especies son igualmente peligrosas, la advertencia es clara: el mercurio ya está en la cadena alimentaria. Los indígenas, que dependen del pescado como fuente principal de proteínas, no tienen otra opción que consumir lo que el río les ofrece, aunque eso signifique ingerir veneno.
La denuncia es un llamado urgente a la acción. Las comunidades indígenas de Pando y Beni no piden otra cosa que el cese de la actividad minera ilegal y la implementación de políticas públicas que garanticen su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.