El documento establece que la gestión administrativa se constituye en la principal tipología de conflictividad registrada durante el periodo 2022-2025.
La investigación denominada “El Camello: Picos amenazantes de conflictividad en Bolivia” identificó que en 2005 se generaron 807 conflictos sociales, el 54 % correspondió al ámbito municipal.
Dicho estudio fue elaborado por la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, entidades que afirman que estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, promover el conocimiento ciudadano sobre las competencias institucionales y garantizar
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El estudio establece que los conflictos departamentales suman un 34 % y los de alcance nacional un 12 %. En cuanto a la distribución territorial, La Paz concentra el 31 % de los conflictos, seguida por Santa Cruz con 25 % y Cochabamba con 14 %.
La investigación identifica que, pese a que una parte importante de los conflictos corresponde al ámbito subnacional, el nivel central del Estado concentra el 50 % de las demandas ciudadanas, seguido por los gobiernos municipales con 28 % y las gobernaciones con 13 %.
El documento establece que la gestión administrativa se constituye en la principal tipología de conflictividad registrada durante el periodo 2022-2025.
Esta categoría representa el 20,22 % de los casos analizados y comprende demandas relacionadas con demoras en trámites, deficiencias en la ejecución de obras públicas, dificultades en la atención de servicios y denuncias de corrupción.
A esta le siguen los conflictos laborales y salariales (12,65 %), las protestas vinculadas a medidas económicas (10,36 %) y los cuestionamientos a autoridades (10,16 %).
El estudio identifica que, cuando las demandas administrativas no son atendidas de manera oportuna, pueden transformarse en cuestionamientos a las autoridades y derivar en medidas de presión de mayor intensidad.
Asimismo, establece que el 52 % de estas demandas se dirigen al Gobierno central, reflejando la importancia de fortalecer la gestión pública, la transparencia y los mecanismos institucionales de atención a las demandas ciudadanas.
La Defensoría del Pueblo destaca que una gestión pública eficiente y orientada a derechos contribuye a prevenir conflictos, fortalecer la confianza ciudadana y promover soluciones mediante el diálogo.