Compuesta por 103 artículos, la propuesta tiene como componente central fortalecer la seguridad jurídica y reducir la discrecionalidad política sobre las inversiones.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bancada Libre
La banca opositora Libre puso en duda este miércoles la constitucionalidad del proyecto de Ley de Inversiones remitido por el Órgano Ejecutivo porque reconoce los arbitrajes internacionales, que, asegura, está vetado por la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009.
En una declaración colectiva, los legisladores demandaron a las autoridades del Órgano Ejecutivo trabajar antes en la modificación de la Constitución Política del Estado y no aprobar la norma remitida.
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“¿Por qué no es constitucional? Porque la ley de inversiones te dice específicamente que a partir de ahora, si es que se aprueba, los arbitrajes internacionales se habilitan en Bolivia y la Constitución no te lo permite”, afirmó el senador de Libre, Manuel Ormachea, rodeado de sus correligionarios.
Al expresar su desacuerdo con los límites que pone la CPE, el legislador llamó a “cambiar la Constitución” y no “aprobar una ley de inversiones” que habilite los arbitrajes internacionales.
“No te aguanta un control de constitucionalidad, ni un amparo te aguanta esa ley de inversiones. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice clara, taxativa y específicamente que no existen las resoluciones de controversias y arbitrajes internacionales para Bolivia, sólo existe la resolución de controversias aquí adentro de Bolivia”, alegó el legislador.
Remitido el martes a la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Inversiones establece tres pilares para transformar el entorno de inversión: normalizar la inversión, garantizar previsibilidad, estabilidad y confianza, y ordenar la normativa y la institucionalidad para atraer capitales.
Compuesta por 103 artículos, la propuesta tiene como componente central fortalecer la seguridad jurídica y reducir la discrecionalidad política sobre las inversiones.
El proyecto establece que las decisiones sobre nacionalización o expropiación no podrán ser asumidas unilateralmente por una autoridad del Órgano Ejecutivo, sino que deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando además el reconocimiento del valor patrimonial correspondiente.
La propuesta busca así otorgar previsibilidad al inversionista bajo reglas conocidas, igualdad ante la ley y un relacionamiento de buena fe con el Estado, dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado.