Johnny Nogales Viruez
El masismo no tardó en descubrir la oportunidad.
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Después de haber sometido a la justicia, utilizado a la Policía para perseguir adversarios, tolerado la corrupción y conducido al país hacia su actual crisis económica, social y moral, sus dirigentes aparecen ahora como promotores de la verdad y defensores de una mujer que sufrió una tentativa de feminicidio.
No existe pudor en ese aprovechamiento.
Quienes durante años ignoraron víctimas, encubrieron abusos y pusieron las instituciones al servicio de sus intereses pretenden que la indignación provocada por el atentado contra Nadia Beller borre de la memoria colectiva casi dos décadas de tropelías.
Pero la impostura masista no disminuye la gravedad del caso.
La Fiscalía y el Instituto de Investigaciones Forenses confirmaron que Beller recibió tres disparos en el cuello, el tórax y el brazo. No se trata, por tanto, de una invención ni de una disputa sentimental convertida artificialmente en noticia.
Desde el hospital, Beller formuló acusaciones de extraordinaria gravedad contra Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz, y mencionó al propio mandatario, a su esposa, ministros, asesores y mandos policiales. Habló de negociados con combustibles, oro y seguros, dinero oculto, grupos policiales sometidos a Cerimedo y maniobras para encubrir una anterior tentativa de feminicidio. También afirmó que Cerimedo conocía el encuentro al que fue convocada y le aseguró falsamente que estaría protegida.
Estas acusaciones no pueden asumirse como hechos probados, pero tampoco descartarse mediante comunicados, descalificaciones personales o campañas destinadas a destruir la credibilidad de la denunciante. Deben ser investigadas hasta establecer la verdad, tanto si confirma las versiones como si revela distorsiones o intenciones aviesas de la propia declarante.
Los allanamientos realizados en La Paz aumentaron la gravedad del caso. En inmuebles vinculados a Cerimedo se halló dinero, además de un teléfono satelital, prendas policiales, un vehículo con apariencia oficial y muebles con compartimientos ocultos.
Corresponde determinar la procedencia del dinero, la titularidad de los inmuebles, el contenido de las comunicaciones y la verdadera relación política y económica de Cerimedo con el Presidente.
Si las denuncias que alcanzan a Rodrigo Paz y a su entorno llegaran a comprobarse, la consecuencia no sería solamente penal. Un gobierno involucrado en semejante trama quedaría política y moralmente imposibilitado para continuar.
Precisamente por eso la investigación debe ofrecer garantías excepcionales de independencia.
La actuación del fiscal general, Roger Mariaca, despierta suspicacias. La celeridad puede ser necesaria, pero su exposición pública y la trascendencia política de sus decisiones lo obligan a garantizar la autonomía de los fiscales, la preservación de las pruebas y la investigación de todas las denuncias, incluso las que comprometen a ministros, policías y miembros del entorno presidencial. No basta demostrar rapidez. Debe inspirar confianza.
La conducta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, tampoco está exenta de reparos. Reconoció su amistad con Beller, llamó a Cerimedo después del atentado, acudió a la clínica acompañado por otros magistrados y afirmó haber instruido que el caso no sea declarado en reserva.
La solidaridad con la víctima es comprensible, pero exigía prudencia institucional. Saucedo debe aclarar cuándo habló con Cerimedo y qué información recibió. La publicidad del proceso puede ser conveniente, pero corresponde decidirla al juez competente conforme a la ley, no al presidente del TSJ.
Estas actuaciones adquieren mayor importancia porque las autoridades llamadas a investigar y juzgar provienen de un sistema de selección y designación construido durante el predominio masista. No basta que proclamen su imparcialidad. Deben conducirse de una manera que no permita dudar de ella.
Por eso corresponde conformar una comisión legislativa multipartidaria que fiscalice las investigaciones, convoque a las autoridades y garantice la preservación de documentos, comunicaciones y pruebas. No para sustituir a fiscales y jueces, sino para impedir que un caso que alcanza a la cúspide del poder dependa exclusivamente de instituciones como el Ministerio Público y la administración de justicia, cuya credibilidad también está en cuestión.
El Gobierno ya había acumulado demasiados asuntos sin esclarecer. Las maletas ingresadas por Viru Viru, el oro sin dueño, los bienes vinculados a Sebastián Marset, las denuncias sobre mandos policiales y la expansión del sicariato habían creado un profundo ambiente de desconfianza.
Ahora llueve sobre mojado.
Las nuevas acusaciones alcanzan al asesor personal del Presidente, a su esposa, a ministros, a otros operadores gubernamentales y mandos policiales. El silencio, las evasivas o cualquier intento de encubrimiento podrían terminar de destruir la autoridad de un Gobierno cuya capacidad para enfrentar la crisis ya estaba seriamente cuestionada.
El MAS pretende utilizar el caso para borrar su pasado. El Gobierno puede intentar proteger su presente. Bolivia no debe aceptar ninguno de los dos encubrimientos.
Ni impunidad para quienes resulten responsables.
Ni amnesia para quienes hoy pretenden juzgar después de haber destruido la justicia.