Los agricultores consideran que el precio referencial establecido por el Gobierno profundiza la especulación y advierte que las medidas adoptadas no resuelven una crisis de abastecimiento que se arrastra desde hace meses. YPFB atribuye las últimas dificultades a problemas logísticos y de distribución.
El planteamiento de la organización se produce en un contexto en el que el suministro de diésel continúa registrando problemas pese a los cambios aplicados por el Gobierno desde diciembre de 2025. Hoy el diésel mantiene un precio de Bs 9,80 por litro en el mercado interno.
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La organización productiva considera que trasladar a determinados consumidores un precio de referencia de Bs 18 implica una diferencia de Bs 8,20 por litro, equivalente a un valor 83,7% superior al precio regulado. Codepro advierte que esa brecha puede incentivar la reventa y el desvío del combustible hacia canales informales.
Una crisis que no desapareció con el cambio de precios
Los problemas de abastecimiento no son nuevos. En junio, YPFB reconoció la existencia de filas para acceder a combustibles y explicó que las dificultades en el despacho de diésel en Santa Cruz estaban relacionadas con ajustes operativos derivados de la aplicación del nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes. La estatal aseguró entonces que había reforzado sus operaciones y habilitado dobles turnos para acelerar los despachos.
A finales de junio, YPFB informó además que cerca de 50 millones de litros de diésel procedentes de la terminal de Sica Sica, en Arica, comenzaron a ingresar al país, mientras que aproximadamente 30 millones de litros de gasolina se encontraban disponibles en Puerto Suárez. La empresa explicó que el ingreso simultáneo de grandes volúmenes había generado limitaciones operativas en la descarga de las plantas.
En julio, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que la provisión de gasolina se había normalizado, pero reconoció que todavía persistían dificultades con el diésel. La estatal anunció entonces la incorporación de volúmenes adicionales para intentar regularizar el abastecimiento en todo el país.
La persistencia de estos problemas explica parte de la presión de sectores productivos y del transporte, especialmente porque el diésel es un insumo central para el transporte de carga y la actividad agropecuaria.
Menos consumo, pero todavía problemas de abastecimiento
Uno de los argumentos del Gobierno para defender el nuevo esquema de precios es que la eliminación de la subvención redujo de manera significativa la demanda. Según información difundida por la Agencia Boliviana de Información, el consumo de diésel habría caído de alrededor de 50.000 barriles diarios a unos 25.000 barriles diarios después de la modificación de los precios
El nuevo sistema también abrió espacio a una mayor participación privada. En febrero, el Ministerio de Economía informó que empresas privadas ya cubrían cerca del 4% de la demanda total de combustibles, ya sea para consumo propio o para comercialización.
Sin embargo, la reducción de la demanda y una mayor participación privada no han eliminado los problemas logísticos. Esa es precisamente una de las contradicciones que plantea el escenario actual: aunque el consumo de diésel se redujo de manera considerable respecto al periodo de subvención, las filas y dificultades de provisión han continuado en determinados momentos.
Codepro apunta contra YPFB y la ANH
Codepro sostiene que la crisis no puede atribuirse solamente a problemas coyunturales de transporte o logística. En su pronunciamiento acusa a YPFB y a la ANH de mantener un sistema que, en su criterio, genera burocracia, restricciones y espacios para la corrupción.
La organización habla de “cupos oscuros”, trabas administrativas y presuntas coimas en la asignación de permisos y licencias. Estas afirmaciones forman parte de la posición institucional de Codepro y no están acompañadas en el documento por pruebas específicas que permitan verificar esas acusaciones.
El comité exige, por ello, una reforma mucho más profunda: la liberación total de la importación, refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, con participación de operadores privados en toda la cadena.
“El modelo monopolista actual vive de la extorsión normativa, los cupos oscuros y las coimas”, sostiene el pronunciamiento.
Pero el pedido de fondo es bastante claro: terminar con el monopolio de Yacimientos.
Más allá del rechazo al precio referencial de Bs 18, el pronunciamiento revela que el conflicto de fondo entre el sector productivo y el Gobierno ya no se limita al valor del litro de diésel.
La organización plantea cambiar el modelo de abastecimiento y eliminar el monopolio estatal de YPFB, bajo el argumento de que la apertura permitiría incorporar más importadores y generar competencia.
La discusión, sin embargo, enfrenta dos problemas distintos que conviene separar: el precio del combustible y la disponibilidad física del producto. La reducción de la demanda y el mayor precio no garantizan por sí mismos que el diésel llegue oportunamente a las estaciones de servicio. YPFB, de hecho, ha atribuido las dificultades recientes principalmente a problemas operativos y logísticos.
Codepro se declaró en estado de emergencia y alerta permanente a sus bases productivas y advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes para solucionar la crisis.
