La propuesta, remitida por el Gobierno a la Cámara de Diputados y registrada como el PL 684/25, fue derivada a la Comisión de Planificación. El proyecto reemplazará la Ley 516 y establece beneficios que tienen que ver con el cumplimiento de metas verificables de inversión.
El proyecto de Ley de Inversiones, remitido este miércoles por el Ministerio de la Presidencia a la Cámara de Diputados para su tratamiento, plantea un nuevo esquema de incentivos que busca reducir la discrecionalidad en la asignación de beneficios estatales y relacionados al cumplimiento de resultados verificables por parte de los inversionistas.
Uno de los ejes centrales de la exposición de motivos de la propuesta de norma, al que tuvo acceso eju.tv, es el denominado «Incentivos objetivos y no discrecionales», que establece que los beneficios otorgados por el Estado deben estar vinculados a indicadores de desempeño y no depender de «decisiones discrecionales».
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De acuerdo con el documento oficial, el proyecto plantea un régimen de «proyectos promovidos», cuya evaluación se realizará mediante una matriz de desempeño con indicadores y ponderaciones definidos por ley. Asimismo, contempla bandas legales para la aplicación de créditos tributarios por inversión y prevé beneficios automáticos para determinados bienes de capital elegibles.
El texto establece además que el reglamento podrá definir fórmulas técnicas, documentación y mecanismos de verificación, pero no podrá modificar los indicadores, ponderaciones, porcentajes máximos ni las condiciones esenciales fijadas por la ley.
La exposición de motivos sostiene que este mecanismo busca que los incentivos estén sujetos a resultados y puedan ser evaluados posteriormente. En ese marco, los beneficios tendrán carácter temporal y estarán sometidos a mecanismos de control posterior, con la posibilidad de una restitución proporcional cuando exista incumplimiento.
Beneficios vinculados a resultados
El proyecto también plantea complementar el régimen de incentivos con programas financieros y otras medidas de apoyo dirigidas a la inversión boliviana, reinversión, innovación, exportación, encadenamientos nacionales y desarrollo de regiones con menor dinamismo económico.
Entre las medidas anunciadas previamente por el Gobierno se encuentran la posibilidad de importar maquinaria sin pagar IVA ni aranceles, acceder a créditos tributarios contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de hasta 80%, reducir los tiempos de los trámites y establecer condiciones de estabilidad para determinadas inversiones por periodos de hasta 10 años.
La propuesta busca sustituir la Ley 516 de Promoción de Inversiones, vigente desde 2014, y establecer un nuevo marco para las inversiones nacionales, extranjeras y mixtas.
La propuesta de norma también propone modificar el actual esquema institucional. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumiría la rectoría de la política de inversiones, mientras que se plantea la creación de una Agencia Nacional de Inversiones como entidad pública descentralizada, técnica y operativa, encargada de la promoción interna, facilitación, evaluación y acompañamiento de las inversiones. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo la promoción y captación de inversiones en el exterior, en coordinación con la Agencia.
La propuesta contempla además una Ventanilla Única de Inversiones, destinada a concentrar el ingreso y seguimiento de trámites, con mecanismos de interoperabilidad, expediente único, tramitación paralela y plazos definidos. El proyecto aclara que esta facilitación no exime a los inversionistas del cumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales, tributarias, de competencia, seguridad, salud pública y otras exigencias legales.
Otro componente del proyecto es la regulación de Contratos de Inversión para proyectos considerados de alto impacto. Estos instrumentos contemplarían compromisos mutuos, mecanismos de seguimiento y una estabilidad limitada de determinadas condiciones.
La propuesta también incorpora un régimen de Alianzas Público-Privadas (APP) para infraestructura y servicios de interés público, bajo criterios de selección competitiva, análisis de valor por dinero, sostenibilidad fiscal y distribución eficiente de riesgos.
Asimismo, plantea mecanismos escalonados para la solución de controversias, que incluyen prevención, negociación, conciliación, paneles técnicos y arbitraje, aunque establece límites para el arbitraje internacional y exige consentimiento estatal expreso y habilitación legal cuando corresponda.
La propuesta, que tiene 103 artículos y más de una decena de disposiciones, fue registrada en la Cámara de Diputados con el número PL 684/25 y posteriormente remitida a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, donde deberá iniciar su análisis legislativo.