La decisión judicial también deja sin efecto, por ahora, el escenario que podía derivar en el traslado de Marset a una prisión federal de máxima seguridad.
Por Ariel Melgar Cabrera
El juez federal Rossie D. Alston Jr. rechazó la solicitud de Sebastián Marset para mantener reuniones legales confidenciales con su abogado uruguayo, Santiago Moratorio, en el Centro de Detención de Alexandria (ADC), en Virginia, según una orden judicial a la que tuvo acceso EL DEBER.
La resolución, emitida el 6 de agosto de 2026, determina que Moratorio no puede acceder a ese tipo de visitas porque, aunque ejerce como abogado de Marset en procesos judiciales en Uruguay, no está autorizado para ejercer como abogado en Estados Unidos ni demostró actuar como asistente o paraprofesional de los abogados que llevan la defensa estadounidense.
La decisión supone además un freno al escenario planteado días antes por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), que había advertido que el centro de detención podría dejar de alojar a Marset si se le obligaba a modificar sus protocolos para permitir reuniones confidenciales con un abogado extranjero.
En ese eventual escenario, el uruguayo podía ser trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, con condiciones de reclusión más estrictas y ubicada lejos del tribunal de Alexandria, donde está previsto su juicio para enero de 2027.
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El juez niega que Moratorio tenga derecho a una visita confidencial
La solicitud presentada por Marset sostenía que el derecho a la asistencia letrada previsto en la Sexta Enmienda debía extenderse a Moratorio debido a su participación en la estrategia jurídica internacional del acusado.
Sin embargo, el juez Alston consideró que la defensa no logró demostrar que el abogado uruguayo sea un asistente legal o paraprofesional que actúe como agente de los abogados estadounidenses de Marset.
Entre los argumentos expuestos estaba la necesidad de que el abogado uruguayo pudiera conversar con el acusado sobre las posibles consecuencias del proceso penal en Estados Unidos respecto de los otros procesos que enfrenta en terceros países, entre ellos Bolivia y Paraguay.
Para el juez, ese argumento no es suficiente para extender a Moratorio las mismas garantías de comunicación confidencial que tienen los abogados autorizados para ejercer ante los tribunales estadounidenses.
La decisión no significa que el abogado uruguayo tenga prohibido visitar a Marset. El punto central de la disputa es otro: Moratorio no podrá realizar visitas legales confidenciales bajo la condición de abogado defensor reconocido dentro del proceso penal estadounidense.
El Servicio de Alguaciles había informado al tribunal que la política del Centro de Detención de Alexandria consiste en reservar las visitas legales confidenciales para el abogado registrado del acusado o sus representantes.
Por ahora, Marset permanece en Alexandria
El pedido de Marset se produjo en medio de la preparación del juicio que enfrentará en Estados Unidos. Sus abogados sostienen que la coordinación con Moratorio resulta relevante debido a los procesos judiciales que el uruguayo tiene abiertos en otros países, particularmente en Uruguay, Bolivia y Paraguay.
La defensa también había argumentado que las comunicaciones habituales desde la cárcel no garantizan el mismo nivel de confidencialidad, debido a que las llamadas y correspondencia están sujetas a los controles establecidos por las autoridades penitenciarias.
En una nota al pie de la resolución, Alston también se refiere a una orden emitida anteriormente por un juez federal del Distrito de Columbia que autorizaba visitas de este tipo.
El magistrado señaló que esa resolución no contenía una explicación ni un análisis jurídico suficiente sobre el tema y, por ello, consideró que no resultaba convincente frente a la jurisprudencia citada en su propia decisión.
Marset continuará así bajo custodia estadounidense mientras avanza el proceso penal en su contra, cuyo juicio está previsto para enero de 2027.
El caso mantiene además una dimensión internacional debido a las investigaciones y procesos que el uruguayo enfrenta en distintos países, entre ellos Bolivia, Uruguay y Paraguay.
