La reunión del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana aglutinó buen número de instituciones. El plan contempla redistribuir efectivos, reforzar patrullajes, destinar 10% del IDH a seguridad y fortalecer el control de fronteras.
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El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana cerró este miércoles su primera sesión ordinaria de 2026 con una hoja de ruta de 16 medidas para enfrentar el delito. El paquete contempla la redistribución de efectivos, el patrullaje en zonas clave, la optimización de recursos y una estrategia integral de seguridad fronteriza.
La vicegobernadora Paola Aguirre remarcó que el desafío exige coordinación estatal ante el crecimiento urbano y las nuevas dinámicas delictivas.
Entre las tareas figura gestionar ante el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía un incremento y redistribución de efectivos, según las necesidades de cada provincia y los niveles de criminalidad. También se acordó reforzar el patrullaje en sectores identificados mediante ‘mapas de calor criminal’ y reactivar las Estaciones Policiales Integrales y módulos policiales, con combustible, mantenimiento y tecnología.
El control de fronteras ocupa un lugar central. El Consejo plantea fortalecer el control territorial, las rutas de acceso y los pasos fronterizos. Jorge Santistevan, secretario departamental de Seguridad Ciudadana, señaló que las Fuerzas Armadas reforzarán el trabajo policial y que se prevé coordinar acciones con sus pares de Brasil en Mato Grosso.
La respuesta apunta a mejorar la investigación. Santistevan informó que la Fiscalía Departamental incrementará de tres a 11 los fiscales destinados a casos vinculados al crimen organizado. El fiscal Alberto Zeballos destacó el trabajo articulado del Ministerio Público.
En el frente financiero, la Gobernación prevé gestionar ante la Asamblea Legislativa Departamental la asignación del 10% del IDH para atender requerimientos urgentes de la Policía. Santistevan estimó que se necesitan alrededor de Bs 17 millones para material, combustible, logística y equipos operativos.
La hoja de ruta prioriza la inversión del IDH en infraestructura, renovación del parque automotor y tecnología, evitando concentrar esos fondos en gastos recurrentes. También plantea crear el Observatorio Cruceño de Seguridad Ciudadana, con base en el Instituto Cruceño de Estadística.
Cambios en la ley
El Consejo propone modificar la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal bajo el esquema 50/50, con una distribución equitativa de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. La medida busca sostener las competencias de seguridad ante la reducción del IDH.
Las 16 determinaciones incluyen acciones contra el lavado de activos, mejoras en la seguridad penitenciaria y prevención del delito mediante educación, salud, empleo e infraestructura. Finalmente, se acordó formular e implementar un Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, con municipios y subgobernaciones, además de mecanismos de seguimiento.
