La situación refleja los costos administrativos de los cambios de gobierno en las regiones, donde los procesos de transición suelen traducirse en meses de parálisis que afectan directamente a la población, que espera obras y servicios que quedan postergados por la burocracia.
eju.tv / Video: Radio Fides
La Gobernación de Oruro atraviesa una crítica situación en la ejecución de su presupuesto anual, con una inversión pública que apenas supera el 10% y un gasto de funcionamiento que ronda el 28%, según reconoció el secretario departamental de Finanzas, César Ayala. La baja ejecución responde al proceso de transición entre la administración saliente de Johnny Vedia y la entrante de Edgar Sánchez, que paralizó la toma de decisiones durante los primeros cuatro meses del año, lo que afectó directamente la capacidad de inversión y el cumplimiento de obras proyectadas para el departamento.
«Tenemos una ejecución ahorita un poco baja, tenemos que ser también conscientes con eso. En vista de que enero, febrero, marzo, prácticamente creo que no han hecho nada, no han ejecutado nada. Abril ha sido el tema de transición, en mayo hemos ingresado, entonces mayo tampoco nos ha hecho la ejecución porque estábamos en cambio de responsables de las cuentas fiscales, en cambio de personal y todo eso, no se ha hecho mucho. A partir de junio ya hemos hecho ejecución presupuestaria, julio y estamos ahorita terminando agosto y nuestra ejecución es un poco baja», reveló el funcionario.
Ayala explicó que, pese a la demora inicial, la Gobernación trabaja para recuperar el tiempo perdido y alcanzar al menos el 80% de ejecución hacia fin de año, aunque descartó llegar al 100% por las dificultades propias de un año de transición.
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Las áreas más rezagadas son los proyectos de inversión, que hasta agosto solo registran el 10% de avance, mientras que el gasto operativo alcanza el 25%, lo que evidencia la priorización de gastos corrientes por encima de la inversión en infraestructura y desarrollo productivo.
El secretario de Finanzas aseguró que, por instrucción de la máxima autoridad departamental, se prioriza la ejecución de los proyectos de mayor impacto, aunque reconoció que la meta del 80% exigirá un esfuerzo extraordinario en los próximos meses.
La situación refleja los costos administrativos de los cambios de gobierno en las regiones, donde los procesos de transición suelen traducirse en meses de parálisis que afectan directamente a la población, que espera obras y servicios que quedan postergados por la burocracia.