Durante la reunión, tanto el Gobierno como los productores coincidieron en que la norma no logró cumplir plenamente su propósito de evitar que el combustible subvencionado sea desviado al narcotráfico, el contrabando o la minería ilegal.
eju.tv / Video: Gigavisión
Tras una reunión con productores interculturales de Yapacaní, en Santa Cruz, que decidieron dejar en suspenso el anuncio de bloqueo y dar un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, norma que sube el precio del diésel. Entretanto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, anunció que presentará un informe al Gabinete ministerial para evaluar la posibilidad de reemplazar o abrogar la norma cuestionada, que eleva de Bs 9,80 a Bs 18 el precio del litro de diésel para los denominados grandes consumidores.
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El encuentro se desarrolló en la sede de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios de Yapacaní, donde autoridades del Gobierno buscaron desactivar el anunciado bloqueo de la carretera Santa Cruz–Cochabamba impulsado por sectores productivos que rechazan la medida.
Paredes explicó que el informe recogerá las conclusiones de la reunión y el impacto real que la aplicación del decreto ha tenido en la actividad productiva. «Voy a poner en consideración del gabinete para que efectivamente este decreto sea reemplazado o abrogado. El gabinete decidirá, pero a mí me queda claro que los objetivos de evitar el desvío de combustibles a otros fines no están siendo respetados», afirmó la autoridad, tras la conclusión del encuentro.
Durante la reunión, tanto el Gobierno como los productores coincidieron en que la norma no logró cumplir plenamente su propósito de evitar que el combustible subvencionado sea desviado al narcotráfico, el contrabando o la minería ilegal, mientras que los pequeños productores continúan enfrentando dificultades para acceder al diésel.
Paredes señaló que uno de los acuerdos alcanzados consiste en diseñar mecanismos conjuntos con la federación de productores para controlar el desvío de combustible y garantizar que el diésel subvencionado llegue efectivamente al sector productivo.
Asimismo, indicó que se impulsarán proyectos de desarrollo para el municipio, entre ellos una refinería promovida por empresarios locales y la agilización de trámites para dos estaciones de servicio que permanecen pendientes desde hace más de dos años.
Por su parte, los representantes de Yapacaní otorgan un plazo de 48 horas para que el Gobierno adopte una decisión sobre el Decreto Supremo 5676 y esperan que la norma sea finalmente abrogada. De forma paralela, exigen el retiro del contingente policial y militar desplegado en la zona; advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable, retomarán las medidas de presión.
La exigencia se da luego que en la carretera troncal se desplazaron alrededor de 200 efectivos policiales y militares permanecieron desplegados en los accesos a Yapacaní, en medio de la tensión generada por el anuncio de movilizaciones.
