El especialista en derecho internacional y constitucional sostiene que la revocatoria de visas es una decisión soberana de Washington, pero considera que también puede interpretarse como una señal de advertencia ante eventuales nuevas acciones.
eju.tv / Video: LHP
Las restricciones de ingreso a Estados Unidos impuestas a funcionarios y exfuncionarios bolivianos constituyen, en principio, una decisión migratoria adoptada por Washington en ejercicio de su soberanía, pero podrían tener implicaciones que vayan más allá de la revocatoria de visas, según el análisis del especialista en derecho internacional y constitucional Sergio Zegarra.
“Estados Unidos tiene el derecho, dentro de su ejercicio soberano, de determinar quiénes pueden ingresar, mantenerse o quiénes pueden retirarse del estado norteamericano”, explicó Zegarra, quien remarcó que cada Estado tiene facultades para definir sus políticas migratorias.
“Esta determinación se da en el ejercicio de una opinión que tienen ellos sobre las autoridades y sobre el Estado boliviano. Deberíamos preguntarnos, en derecho internacional, ¿un Estado podría tener alguna opinión sobre las autoridades y sobre el Estado ajeno? Pues, opinión sí podrían tener. Digamos que podrían cuidarse las espaldas, precisamente por el hecho de que su opinión sobre dichas autoridades podría fundarse en cierto tipo de cuestiones”, dijo.
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Sin embargo, el analista señaló que lo que genera preocupación es lo que pueda ocurrir después de la medida. Recordó que, en décadas anteriores, Estados Unidos condicionó cooperación económica con Bolivia a la adopción de determinadas políticas, sobre todo, porque estimó que el gobierno de Donald Trump tomó la determinación contra autoridades sobre todo del ámbito judicial porque –seguramente– tiene el fundamento necesario para la decisión.
“No creo que un Estado como el de los Estados Unidos se anime a tomar este tipo de determinaciones a la ligera. Yo creo que tienen muchos elementos de convicción para haber tomado esta decisión tan fuerte. Lo que me da miedo es lo que podría venir después”, refirió.
Zegarra sostuvo que las actuales restricciones podrían ser interpretadas, desde el derecho internacional, como una ‘retorsión’, término que utilizó para referirse a una medida de respuesta o presión de un Estado frente a determinadas actuaciones de otro.
“En derecho internacional debe denominarse una retorsión, un estate quieto, un tomemos previsiones”, afirmó. A su juicio, la medida también puede advertir sobre la posibilidad de que en el futuro se adopte otro tipo de acciones.
El análisis se produce mientras el Gobierno boliviano espera información oficial de Washington sobre los fundamentos de las restricciones. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó este miércoles que Bolivia ya formalizó la solicitud para que Estados Unidos comparta los elementos que sustentaron sus decisiones y señaló que esa información será evaluada conforme a la legislación boliviana.
El caso tomó especial relevancia por la situación del fiscal general Roger Mariaca, señalado directamente por el Departamento de Estado de EEUU por presuntos actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Mariaca rechazó las acusaciones y sostuvo que continuará con sus funciones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, también señaló que las restricciones podrían eventualmente derivar en investigaciones o solicitudes de extradición, aunque aclaró que cualquier determinación de ese tipo corresponde a las autoridades estadounidenses.
Mientras Bolivia espera conocer la información que Washington decida compartir, el debate interno se concentra en determinar, más allá de si las acusaciones deben ser investigadas por las instituciones nacionales, qué alcance podrían tener las medidas estadounidenses más allá de la restricción migratoria.
