La organización campesina emitió un pronunciamiento en el cual estableció seis puntos para que el Gobierno los atienda y resuelva.
La Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari pidió este miércoles al Gobierno abrogar el decreto 5716, que establece el retiro de la subvención al diésel; de no cumplirse esa exigencia, amenazó con iniciar movilizaciones.
El principal dirigente de la organización, Rolando Choque, citado por la televisora Abya Yala, demandó que de inmediato se abrogue dicho decreto porque “es una medida que asfixia directamente al sector agropecuario paceño”.
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El pasado viernes, el Gobierno comunicó la decisión de retirar la subvención al diésel, y desde entonces sostiene conversaciones y reuniones con diversos sectores para explicar la medida y llegar a acuerdos.
Choque manifestó que el Ejecutivo no puede aprobar decretos de manera inconsulta, en atención al acuerdo que firmó el junio pasado con la Central Obrera Boliviana (COB).
El dirigente observó que las familias campesinas están sufriendo un doble impacto: por un lado, el incremento del combustible que encarece drásticamente los costos de producción de los alimentos; y por el otro, la falta de abastecimiento impide realizar las labores esenciales de siembra y cosecha en el altiplano.
La organización campesina emitió un pronunciamiento en el cual estableció seis puntos para que el Gobierno los atienda y resuelva.
Entre esos, se encuentra, por ejemplo, inversión en el desarrollo del departamento de La Paz, mayor presupuesto destinado a carreteras, hidrocarburos, infraestructura, riego tecnificado, energía solar, salud, educación, servicios básicos y comercio.
Así también, pidió solucionar el tema de la canasta familiar, afectada con la subida del precio del diésel.
El documento aprobado señala a la vez que las organizaciones sociales se comprometen a trabajar de manera unida por el desarrollo del departamento, promoviendo acciones y propuestas.
Choque, siempre según Abya Yala, alertó que las bases campesinas se encuentran ejerciendo una fuerte presión y que, si el Ejecutivo no brinda respuestas inmediatas, las 20 provincias paceñas están dispuestas a romper el estado de excepción vigente para hacer escuchar sus demandas.