El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que hasta septiembre de 2026 se habían registrado 17 muertes violentas en cárceles de Bolivia, cifra que supera los 15 casos reportados durante todo 2025.
Fuente: ANF / La Paz
La violencia, los autogobiernos de privados de libertad, el hacinamiento y una persistente impunidad estructural configuran un escenario de grave vulnerabilidad dentro de las cárceles bolivianas, según funcionarios de la Defensoría del Pueblo que participaron en el seminario internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina”.
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Durante el encuentro se advirtió que las muertes bajo custodia no deben ser consideradas hechos aislados, sino posibles indicadores de fallas estructurales del sistema penitenciario y de las obligaciones del Estado de proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que hasta septiembre de 2026 se habían registrado 17 muertes violentas en cárceles del país, cifra que supera los 15 casos reportados durante todo 2025.
Según lo expuesto por autoridades del Mecanismo Nacional de Prevención de Bolivia, el incremento estaría relacionado con disputas internas de poder y la existencia de autogobiernos o cogobiernos, fenómeno que se habría agravado por la presencia de grupos vinculados al crimen transnacional, como evidenciaron hechos violentos registrados en el penal de Cobija, Pando.
A este escenario se suma el hacinamiento: más de 33.000 personas privadas de libertad están distribuidas en 46 recintos penitenciarios. Esta situación debilita los servicios de salud y seguridad y limita la capacidad estatal para garantizar un control efectivo.
Los funcionarios también señalaron la existencia de un ecosistema de impunidad estructural. La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI) han documentado más de 1.800 casos de tortura desde 1952, pero prácticamente ninguno habría derivado en un proceso judicial formalizado específicamente por ese delito. Esta falta de sanción puede contribuir a perpetuar prácticas abusivas y desalentar las denuncias.
El temor a represalias constituye otra barrera. Las personas privadas de libertad pueden evitar denunciar agresiones o abusos por miedo a sufrir nuevas violencias, lo que debilita los mecanismos de alerta temprana.
En el seminario se remarcó que el Estado tiene una posición especial de garante sobre quienes están bajo su custodia. Por ello, toda muerte en prisión debe ser investigada de manera exhaustiva e independiente, con aplicación del Protocolo de Minnesota cuando corresponda, para establecer las causas y eventuales responsabilidades.
