El ampliado de Evo Pueblo en Lauca Ñ no solo exigió abrogar el decreto que eliminó la subvención al diésel. Sus resoluciones incorporan las empresas públicas, la política energética, la relación con EEUU y el FMI, el papel de las Fuerzas Armadas y una eventual reforma constitucional.
Los adeptos de Evo Morales se reunieron el fin de semana en Lauca Eñe
El conflicto que comenzó con el rechazo a la eliminación de la subvención al diésel amplió su alcance en el ampliado nacional de Evo Pueblo realizado en Lauca Ñ. Las resoluciones aprobadas el sábado incorporaron cuestionamientos a las políticas económicas, energéticas y de seguridad del Gobierno de Rodrigo Paz, además de fijar el 3 de octubre como plazo para atender sus principales demandas.
El Decreto Supremo 5716, que modificó el esquema de subvención a los combustibles, continúa en el centro del conflicto. Pero el evismo sumó el DS 5727, referido a procesos de reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas.
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Evo Morales presentó ambos asuntos como parte de un mismo cuestionamiento al rumbo del Gobierno. “Si no abroga las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales, si no es de buenas va a ser a malas”, afirmó durante el ampliado.
La agenda aprobada en Lauca Ñ también plantea cambios en la estructura estatal. Entre las resoluciones figura la restitución de los ministerios de Planificación y de Energías, vinculada por los participantes con la recuperación de la conducción de la política económica y con un cambio de la matriz energética.
El cuestionamiento alcanzó además la relación del Gobierno con Estados Unidos, el Comando Sur y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las resoluciones califican esa relación como una “sumisión del Gobierno al Comando Sur” y cuestionan la participación de las Fuerzas Armadas en iniciativas vinculadas al denominado ‘Escudo de las Américas’.
La posición sobre las Fuerzas Armadas fue expresada también en una de las conclusiones del ampliado: “Nuestros hijos van al cuartel para servir a la patria, no para reprimir al pueblo”, señala la resolución.
El ampliado incorporó además una posición sobre la Constitución. Evo Pueblo sostiene que cualquier modificación de la Constitución Política del Estado debe pasar por una Asamblea Constituyente y planteó que una eventual modificación sea sometida posteriormente a referéndum. También rechazó candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de personas con doble nacionalidad.
La nueva plataforma de demandas tiene ya un calendario definido. El 3 de octubre fue establecido como fecha límite y, para ese día, se convocó a una cumbre de sectores en Lauca Ñ. Si las demandas no son atendidas, las resoluciones establecen que “a partir del 13 de octubre se convoca a la gran movilización para salvar Bolivia”.
Morales reforzó esa advertencia durante su intervención: “Si no abroga hasta el próximo sábado 3 de octubre, una semana más prepararnos, será marcha, será concentración por departamentos”.
Así, el conflicto planteado inicialmente alrededor del precio del diésel incorpora ahora a las empresas públicas, política energética, financiamiento externo, relación con Estados Unidos, cooperación militar, Constitución y estructura del Estado. El 3 de octubre es la fecha límite que dio el evismo para una respuesta gubernamental. El gobierno afirma que la determinación tomada en Lauca Eñe es una más de las medidas ‘desesperadas’ de Morales
“Lo que me da pena es que, como expresidente, exautoridad del Estado esté en una situación desesperada para buscar un conflicto, para hacer apología del delito, el mensaje que le daría A Evo Morales es que tiene que cumplir con la ley, así haya sido presidente y tenga poder de convocatoria, lo primero es presentarse ante la Justicia porque nadie está por encima de la ley”, indicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda.
