La diputada de la Alianza Libre pidió a la Comisión de Justicia Plural avanzar en la normativa nacional, luego de que Santa Cruz aprobara su propia ley departamental. Uno de los proyectos contra los bloqueos permanece sin informe de comisión desde hace meses.
eju.tv / Video: Tele Estrella HD
La diputada Lissa Claros, de la Alianza Libre, exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanzar en el tratamiento de una normativa nacional contra los bloqueos, después de que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobara su propia ley para prevenir y atender este tipo de medidas de presión.
“Esperamos que en la Comisión se pueda avanzar en una Ley Antibloqueos”, afirmó Claros, quien respaldó la norma aprobada el miércoles en Santa Cruz y planteó que el Legislativo nacional siga ese camino.
La legisladora sostuvo que el derecho a la protesta está resguardado por la Constitución, pero marcó una diferencia entre la manifestación y el bloqueo de vías. “Hay que dejar en claro que en Bolivia está garantizado el derecho a la protesta, más no al bloqueo, porque bloquear no es un derecho”, afirmó.
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Claros sostuvo que los bloqueos terminan afectando a terceros al impedir el traslado de alimentos, ambulancias y otros servicios, y consideró que quienes incurran en esas acciones deben asumir responsabilidades. “Bloquear es un delito; protestar y manifestarse, no”, insistió.
La gente se manifestó en junio contra los bloqueos. Foto: RRSS
El pedido de Claros se produce cuando el tratamiento de una norma nacional contra los bloqueos arrastra meses de discusión en la Cámara de Diputados. Uno de los principales proyectos fue presentado por el diputado Carlos Alarcón el 15 de diciembre de 2025. En junio, el legislador denunció que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado todavía no había emitido el informe requerido para que la iniciativa avance al pleno.
La propuesta de Alarcón plantea sanciones de entre tres y seis años de cárcel para quienes bloqueen vías públicas, de cinco a ocho años para promotores, directores y organizadores, y de 10 a 20 años para quienes ejerzan violencia durante los bloqueos que pongan en riesgo la vida, la integridad o el patrimonio público y privado. También plantea responsabilidad solidaria para el resarcimiento de los daños.
Paralelamente, en abril el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, informó que otro proyecto había cambiado su denominación de “Ley Antibloqueo” a “Ley del Derecho a la Libre Transitabilidad”. Según explicó entonces, esa propuesta incorporaba responsabilidades civiles y contemplaba mecanismos como el congelamiento de cuentas de organizaciones que ocasionen daños económicos mediante bloqueos.
En junio, había seis proyectos de ley relacionados con la prohibición o regulación de los bloqueos en el Legislativo y que sectores productivos reclamaban su tratamiento urgente después de las prolongadas medidas de presión registradas durante este año.
Un operativo de desbloqueo en Cochabamba. Foto: APG
Santa Cruz ya aprobó su propia norma
El pedido de Claros se produce un día después de que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobara en grande y en detalle la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Institucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías.
El instrumento legal establece mecanismos de prevención, coordinación institucional y atención de contingencias frente a bloqueos que afecten la libre circulación, el abastecimiento y otras actividades en el departamento. El proyecto fue aprobado después de varias horas de debate y debe pasar al Ejecutivo departamental para su promulgación.
Para Claros, esta decisión demuestra que los departamentos pueden adoptar mecanismos propios dentro de sus competencias mientras la ALP continúa sin aprobar una normativa nacional.
“Celebramos que departamentos como Santa Cruz, haciendo uso de su autonomía departamental, ya tenga una ley antibloqueos para resguardarse precisamente de estos grupos radicales que quieren convulsionar el país nuevamente”, afirmó.
La diputada pidió que la comisión legislativa responsable retome el trabajo y socialice la propuesta nacional antes de su eventual aprobación. “Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa, la comisión correspondiente, esté trabajando en socializar”, señaló.
Claros también vinculó su pedido con los sectores que impulsan nuevas medidas de presión y cuestionó a las organizaciones que, según afirmó, están vinculadas al expresidente Evo Morales. “No pueden asfixiar a la población boliviana”, sostuvo, antes de pedir a esos sectores que respeten el resultado de las últimas elecciones nacionales. “Bolivia no se maneja al capricho de unos cuantos”, afirmó.
