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Jorge Quispe / Sumando Voces
La madrugada del 21 de mayo de 2026, una ambulancia que se dirigía a la ciudad de Potosí se vio obligada a detenerse en Cruce Macha, norte Potosí. Los lugareños impidieron su paso pese a los ruegos del personal de salud y de los familiares del paciente. Se trataba de O.Ch.A., un niño de 12 años que luchaba por su vida, pero la disputa y la intransigencia terminaron robándole el aliento.
Días atrás, en Pocoata —donde vivía con su familia—, el niño había sufrido una caída que complicó su salud y tuvo que ser derivado de emergencia a Llallagua. Una vez allí, por lo complicado del caso, los médicos establecieron que debía ser intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Potosí, pero la ambulancia no logró su objetivo. Como era un asunto de vida o muerte, el Hospital Madre Obrera de Llallagua y el Ministerio de Salud hicieron las gestiones para trasladarlo a Oruro. Media hora después de haber reanudado el viaje hacia la Capital del Folklore murió.
Más de dos meses después de los 51 días de conflicto que paralizaron carreteras, vaciaron mercados y enfrentaron a bolivianos entre sí, las heridas siguen abiertas. Algunas son económicas y sociales; otras son irreparables, como esta tragedia, que recuerda que cuando el diálogo fracasa, el costo de la confrontación puede terminar pagándolo quien ni siquiera forma parte de la disputa.
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Autoridades, expertos y legisladores de oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de actuar antes de que una nueva crisis estalle: cumplir acuerdos, transparentar las decisiones públicas, recuperar el diálogo y asumir responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores sociales.
La fragilidad política y económica que atraviesa el país ya ha activado nuevos conflictos en pleno estado de excepción, que finalizará este 16 de septiembre.
Semanas atrás, la Defensoría ya había advertido de esto: “Nuestra conflictividad está en hibernación luego de un ciclo muy agudo de 51 días de bloqueo. Diálogos iniciados por la Defensoría con algunos sectores sociales evidencian que los malestares siguen vigentes en el tablero social, lo que significa que una vez que cese el estado de excepción puede resurgir la conflictividad”, alertó Cesar Rojas, jefe de la Unidad de Conflictos y Cultura de Paz en el programa Sumando Voces en Directo.
En ese contexto, autoridades y expertos plantean que el Gobierno fortalezca sus mecanismos de diálogo con la Asamblea y con las organizaciones sociales, además de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la crisis.
La senadora Elena Pachacute, de Alianza Libre, puso como ejemplo que la pacificación fue clave en varios distritos de El Alto, como el 7, el 8 y el 14, desde donde ahora se exige una respuesta inmediata del Estado.
“Para evitar aquello (otra crisis social), yo creo que es muy importante sentarse a dialogar con todos los sectores, pero también darle celeridad a los compromisos asumidos con aquellos con los que se negoció”, dijo la senadora alteña.
Pachacute advitió además sobre los riesgos de gobernar “mediante la imposición” normativa: “Todo decreto supremo debe ser socializado, debe de tener estudios técnicos y no simplemente imponer”.
La analista Gabriela Canedo, por su parte, recordó que los diálogos “deben desplegarse a nivel nacional, no solo con los entes matrices, sino con organizaciones más locales”.
Puso como ejemplo que, ahora que se elaboran los proyectos de ley de hidrocarburos y minería, es vital consultar “con todos los actores involucrados”, de modo que se logré alcanzar consensos que viabilicen la gestión y frenen la conflictividad.
También se refirió al papel que juega el Legislativo. “Otro de los niveles que deber participar (en la búsqueda de consensos) es la Asamblea Legislativa, que guarda la representación de la sociedad; con ella se deben alcanzar consensos y acuerdos mínimos en la aprobación de las normas”, sostuvo en Sumando Voces en Directo.
El costo de las protestas
Los 51 días de conflicto dejaron una huella que va más allá de las pérdidas económicas y del desabastecimiento. También dejaron familias de luto.
El informe presentado por la Defensoría del Pueblo el lunes 6 de julio contabilizó al menos 22 personas fallecidas durante los conflictos: 19 terceros (la mayoría por falta de atención médica dada la interrupción de las vías) y tres personas del sector movilizado (como consecuencia de acciones policiales y militares). La institución defensorial pidió a la Fiscalía investigar estos hechos y establecer responsabilidades.
Hasta fines de julio, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que, tras los 51 días de conflictos sociales y bloqueos de carreteras registrados en el departamento durante mayo y junio de este 2026, se iniciaron 114 procesos penales que involucran a 335 personas investigadas.
Paralelamente, una comisión de la Asamblea Legislativa lleva adelante una investigación sobre las muertes y los hechos registrados durante las movilizaciones.
El bloqueo no es el camino
El impacto de los bloqueos se sintió con fuerza en diversas ciudades, sobre todo en La Paz y El Alto, donde la falta de combustible, las dificultades para el transporte y el encarecimiento de productos afectaron la vida cotidiana.
El senador Nicanor Cochi, del ala rodriguista, sostuvo que el bloqueo no puede convertirse nuevamente en la principal herramienta para resolver las diferencias. Frente a las demandas sociales, plantea que el Estado debe mejorar los mecanismos de control sobre la distribución de combustibles y dólares, mientras los sectores movilizados deben buscar otras vías para hacer escuchar sus demandas.
“El bloqueo no es el camino para sacar adelante a nuestro país. El camino es dialogando, hablando (…). Hay que hacer un control riguroso en tema de distribución de combustible, tanto en el tema del dólar”, dijo el exdirigente vecinal al recordar que los emprendedores y la población necesitan garantías para trabajar.
En la misma línea, el senador José Sánchez Aguilar (Alianza Libre) señaló que el Gobierno debe mantener abiertos los canales de diálogo y que ninguna de las partes puede pretender imponer completamente su posición.
“La mejor manera (de evitar repetir lo vivido en mayo y junio) es que el Gobierno dialogue y busque solucionar este tema, sobre todo del combustible y la crisis económica que cada día se acentúa más”, agregó el además expresidente del club de fútbol San José.
Rojas, por su lado, afirmó que las y los bolivianos no son conflictivos por naturaleza, sino que, por el contrario, buscan resolver sus problemas por la vía del diálogo y la atención temprana del conflicto, lo que obliga a las autoridades a tomar con seriedad estos procesos.
“Si los diálogos no son productivos, debilitarnos la eficacia del diálogo, esto es fundamental (…). Ciertamente, necesitamos que los sectores bajen los niveles de radicalidad, se abran a un principio de realidad y viabilidad de los acuerdos, pero necesitamos también del gobierno mayor eficacia y legitimidad, y eso implica consulta y participación de los sectores. Si logramos este desarme y este rearme podemos avanzar a un consenso amplio”, reflexionó.
Frente a la necesidad de preservar la gobernabilidad, los legisladores del oficialismo (PDC) abogan por un ejercicio de responsabilidad compartida para consolidar la paz social . “El diálogo tiene que ser sincero, por encima de las posturas políticas”, planteó el senador oficialista Víctor Quispe Santander, quien considera necesario superar las posiciones políticas para encontrar acuerdos que permitan resolver las demandas pendientes.
El legislador sostuvo, además, que los funcionarios del Gobierno deben cumplir los compromisos asumidos el 23 de junio, día en que se firmó el acuerdo para superar la crisis.
El desafío, por tanto, no pasa solamente por evitar nuevos bloqueos, sino por construir mecanismos que permitan procesar las diferencias antes de que lleguen a las carreteras y terminen afectando a toda la población.
La cuenta regresiva del estado de excepción
En las últimas semanas, a la luz de amenazas de movilización y bloqueos en protesta por el alza del precio del diésel, el Gobierno ha tomado contacto con diversos sectores para frenar los conflictos, en varios casos con éxito.
Además, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció que el precio referencial del diésel importado bajó de Bs 18 a Bs 16,50 por litro, determinación asumida ante las observaciones de diferentes sectores, que expresaron su desacuerdo con el monto fijado inicialmente mediante el Decreto Supremo 5676.
La proximidad del final del estado de excepción vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de prevenir más escenarios de conflictividad. De acuerdo con la normativa, la medida concluye el 16 de septiembre.
Quispe advierte de posibles “intentos de desestabilización” que obligarían a ampliarla. “Necesitamos apoyar al Gobierno, reflexionemos sobre qué pasaría si lo sacamos, en qué va a quedar el país”, dice.
En esa misma línea, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló este viernes que “hay una tendencia” a ampliar el estado de excepción. Como argumento indicó que “existe una consigna, una posición política para generar convulsión, inestabilidad y viene principalmente del Chapare”.
Pachacute recuerda que la Asamblea Legislativa es la instancia que autoriza una eventual ampliación, previa solicitud del Ejecutivo y presentación del informe correspondiente.
Más allá de su continuidad o eventual ampliación, los legisladores consultados coinciden en que esta medida no puede sustituir la construcción de acuerdos políticos y sociales. La estabilidad no se sostiene únicamente mediante decisiones institucionales, sino también mediante la capacidad de los distintos actores para anticipar los conflictos y encontrar salidas negociadas.
Los 51 días de conflicto dejaron cifras, pérdidas económicas y responsabilidades todavía por esclarecer, pero también nombres y familias que no podrán volver atrás. Entre ellas está la del niño de Pocoata que murió en plena vía durante los bloqueos. Su historia recuerda que detrás de cada carretera cerrada y de cada diálogo que llega tarde hay personas ajenas a la disputa que pueden terminar pagando el precio más alto.
Como resume el senador José Sánchez Aguilar, “en el marco del diálogo ambas partes deben ceder, no siempre debe haber un ganador”.
