La economía boliviana atraviesa una coyuntura crítica donde el cruce entre producción, demografía y precios relativos devela una realidad social alarmante. Al examinar el desempeño macroeconómico oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 2018 hasta la proyección oficial e internacional para 2026 de -3,6%, se observa un estancamiento estructural. Considerando 2018=100, el PIB de 2026 equivaldría a 98,44, lo que implica que la producción agregada es 1,56% menor que ocho años atrás.
En contraste, los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024 arrojan una tasa de crecimiento intercensal que, al extrapolarse, sitúa a la población de 2026 en 102,08 frente a un 2018 base 93,95, representando un incremento demográfico del 8,13%. Esta asimetría —una economía que decrece mientras la población aumenta— arroja una conclusión lapidaria: el PIB per cápita de 2026 es 8,97% inferior al de 2018, evidenciando una severa pérdida de riqueza por habitante.
Esta contracción del ingreso per cápita no es un número abstracto; tiene rostros y consecuencias directas. Informes de la Fundación Jubileo alertan que cerca de 6 millones de bolivianos viven en condiciones de pobreza, una cifra que amenaza con expandirse aceleradamente debido a la vulnerabilidad de amplios sectores de la clase media.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Este fenómeno también encuentra un catalizador central en la pérdida sistemática del poder adquisitivo sufrida en los últimos tres años de alrededor de 37,24%. Esta inflación acumulada, impulsada por restricciones cambiarias y el fenómeno del pass-through (el traspaso de la escasez de divisas y la depreciación paralela a los costos internos de importación y bienes de consumo), ha pulverizado los salarios reales. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría económica y el análisis de políticas públicas, surge una interrogante analítica ineludible: ¿Qué proporción de esta nueva masa de pobres corresponde a un deterioro genuino de los medios de vida, y qué parte representa una pobreza «asincerada» por el desmantelamiento de los precios pisados?
Durante más de una década, la estabilidad social –y no así la economía– en Bolivia se blindó mediante una arquitectura artificial de precios relativos controlados. Los subsidios generalizados a los hidrocarburos (diésel y gasolina) y la rigidez de un tipo de cambio nominal fijo operaron como un enorme amortiguador fiscal y comercial, pero disimulando el costo real de esta distorsión.
Desde la teoría económica neoclásica y las finanzas públicas, los controles de precios y subsidios masivos no eliminan los costos; simplemente los ocultan o los difieren en el tiempo, generando déficit fiscal, desabastecimiento y mercados negros. Cuando las reservas internacionales caen y el Estado se ve financieramente imposibilitado de sostener dichos subsidios, los precios relativos inician un doloroso proceso de corrección hacia su valor de escasez real, empero Bolivia quiso creerse otra historia que nos contaron y que muchos actores replicaron y hasta promovieron.
Ahora bien, en este proceso de sinceramiento, se produce un fenómeno dual que se debe analizar con precisión:
Por un lado, la pobreza incremental real, derivada de la destrucción de empleo formal, el cierre de empresas estranguladas por la falta de dólares insumo y la caída de la productividad total de los factores. Aquí, el hogar pierde capacidad adquisitiva de manera neta y genuina. Pero, por otro lado, la pobreza asincerada o estadística, que se manifiesta cuando una porción de la población nominalmente ya era vulnerable o pobre, pero el costo de vida artificialmente bajo (gracias al subsidio estatal en energía y combustibles) le permitía subsistir en la línea de flotación. Al sincerarse los precios, el costo real de la energía, el transporte y los alimentos, se trasladan a la cadena de valor reflejando contablemente una carencia que el modelo anterior ocultaba bajo una alfombra fiscal insostenible.
En prospectiva, tanto empresarial como social; comprender esta distinción es vital para el diseño de políticas públicas y estrategias corporativas. Si el incremento de la pobreza se debe mayoritariamente a factores de sinceramiento de precios, la solución no pasa por restaurar los subsidios destructivos –que agotan las cuentas fiscales–, sino por construir redes de protección social focalizadas y eficientes, mientras se libera la productividad privada.
Para las empresas y los tomadores de decisiones, comprender esta distinción es vital, pues la corrección de precios relativos no es meramente un shock inflacionario transitorio, sino el reescalamiento de la economía hacia sus verdaderos fundamentos de escasez. Si la política pública y los mercados logran absorber este choque sin destruir el aparato productivo, el país sentará las bases para un crecimiento genuino y sostenible. De lo contrario, el riesgo es que el espejismo del pasado ceda el paso a una vulnerabilidad estructural prolongada.
La economía boliviana transita del espejismo de los precios ficticios a la crudeza de sus fundamentos macroeconómicos reales. El gran desafío nacional es evitar que la transición hacia los precios de mercado devaste definitivamente el tejido social y convierta una corrección económica necesaria para planificar el futuro en una crisis humanitaria irreversible del presente.
Carlos Hugo Barbery Alpire