Emblema de la Confederación. Foto: CEPB
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un pronunciamiento institucional sobre los ajustes económicos del Gobierno y las afectaciones sobre las actividades empresariales. La entidad respalda las acciones del Gobierno, pero advierte sobre el empleo y las inversiones.
El comunicado titula: «Nuestra evaluación en una coyuntura compleja», en el que reconoce la conveniencia de las medidas gubernamentales orientadas a estabilizar la economía. Sin embargo, la patronal privada manifestó su preocupación por el impacto del proceso de ajuste sobre la actividad productiva, las medianas y pequeñas empresas, y la estabilidad del empleo.
Empresarios
En su análisis, la CEPB valora la promulgación de la Ley N° 1765 que viabiliza el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que la norma «genera oportunidades para fortalecer la capacidad del Estado, acceder a programas de estabilización con apoyo internacional, diseñar estrategias de desarrollo de mediano plazo y acompañar el proceso de recuperación institucional y crecimiento económico».
Asimismo, el gremio empresarial destacó el Decreto Supremo N° 5716 por transparentar la estructura de precios de los carburantes y combatir el contrabando, así como las medidas de apoyo social y alivio tributario. De igual forma, respaldó el DS N° 5707 por estar «destinado a preservar el orden público, garantizar la libre circulación y evitar que bloqueos y acciones de presión vuelvan a generar graves daños a la economía».
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Advertencia
Pese a admitir que «muchas de las medidas adoptadas son necesarias para corregir desequilibrios acumulados durante años», la organización privada advirtió sobre la eventualidad de un periodo de contracción. La institución expresó «preocupación por los efectos que el proceso de ajuste puede generar sobre la actividad de los sectores productivos, el comercio y los servicios, y por la eventualidad de una etapa de contracción con impacto sobre el crecimiento, el empleo y la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones».
Respecto a las medianas y pequeñas unidades productivas, la CEPB calificó su situación como «particularmente delicada» y remarcó que «una nueva carga regulatoria, tributaria, financiera o salarial que afecte su estabilidad podría provocar cierres, pérdida de empleos, reducción de inversiones y una crisis generalizada que terminaría debilitando los propios objetivos de la recuperación».
Demandas
Frente a este escenario, la máxima entidad empresarial demandó un plan integral de protección social para evitar un deterioro en las condiciones de vida de la población vulnerable. En esa línea, sostuvo que «el ajuste económico no puede traducirse en un incremento de la pobreza ni en un deterioro mayor de las condiciones de vida de las familias bolivianas».
Para impulsar el crecimiento en la gestión 2026, la CEPB propuso priorizar modificaciones a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, además de ajustes puntuales al Código de Comercio y al Código Tributario. Según el documento, la economía nacional requiere normas que «atraigan inversión nacional y extranjera, protejan los derechos adquiridos, reduzcan la incertidumbre y permitan desarrollar sectores estratégicos capaces de generar divisas, producción, empleo y recursos para el Estado».
Finalmente, la CEPB rechazó cualquier intento de convulsión social o cierre de vías. «Nuestro país no puede padecer un nuevo ciclo de bloqueo de carreteras, ni permitir que se utilice el malestar social para activar la confrontación política, producir inestabilidad y afectar la convivencia democrática», concluyó la institución, al tiempo de reafirmar su compromiso de acompañar las políticas que promuevan la estabilidad y la seguridad jurídica.