La ampliación por otros 90 días comienza tras el vencimiento del primer periodo y mantiene las medidas extraordinarias adoptadas en junio. El Ejecutivo sostiene que persisten factores de riesgo, mientras sectores políticos y sociales cuestionan la continuidad de la medida y advierten sobre sus efectos en la agenda de reformas.
100 de 150 asambleístas votaron por la extensión del estado de excepción. Foto: Cámara de Diputados.
Bolivia inicia una nueva etapa bajo el estado de excepción. Tras la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la medida se extenderá por otros 90 días, hasta diciembre, con el argumento del Gobierno de que todavía existen condiciones que podrían derivar en nuevos conflictos, bloqueos y afectaciones a la circulación, el abastecimiento y los servicios esenciales. La primera etapa se había activado en junio, en medio de una crisis marcada por 53 días de bloqueos.
La diferencia respecto al escenario que dio origen a la primera declaración es que ahora el país no enfrenta una paralización generalizada de las carreteras. El propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo durante el debate legislativo que Bolivia está ‘más tranquila’, pero que los riesgos no han desaparecido. El Ejecutivo presentó informes que identifican posibles focos de conflictividad y capacidad de movilización en La Paz y El Alto, particularmente en Senkata; Cochabamba y el Trópico; y Santa Cruz, en zonas como Puente San Pablo, San Julián y Yapacaní.
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, llevó a la Asamblea 12 informes oficiales para sustentar la ampliación. La argumentación oficial apunta a prevenir una eventual reactivación de bloqueos y otras medidas de presión que puedan afectar la actividad económica, el transporte, la salud, la educación y el abastecimiento. La extensión mantiene las medidas extraordinarias, facultades, restricciones y mecanismos establecidos en el Decreto Supremo 5636, aunque su aplicación debe sujetarse a los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y respeto a los derechos constitucionales.
Ese es uno de los principales desafíos de la nueva etapa: pasar de la respuesta a una crisis ya instalada a la prevención de una eventual nueva escalada. El Gobierno deberá demostrar durante los próximos tres meses que la continuidad de la medida permite preservar la circulación y evitar nuevos bloqueos, mientras enfrenta las causas que alimentan la conflictividad.
La discusión política, sin embargo, no desapareció con la aprobación. Antes de la votación, sectores de oposición reclamaron al Ejecutivo un balance de los primeros 90 días y cuestionaron que la ampliación pudiera convertirse en un obstáculo para la agenda de reformas. El diputado Carlos Alarcón planteó incluso que la extensión fuera por 60 días y no por 90, precisamente para evitar que el estado de excepción se prolongara hasta diciembre.
La reforma constitucional es uno de los asuntos directamente condicionados. El artículo 140 de la Constitución establece que *“la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”. Por tanto, la vigencia de la nueva ampliación impide iniciar formalmente ese procedimiento durante los 90 días adicionales.
El oficialismo plantea una interpretación distinta sobre el efecto político de este periodo. Sectores cercanos al Gobierno han propuesto utilizar los 90 días para construir acuerdos y consensos políticos sobre una eventual reforma, aunque el procedimiento formal no pueda comenzar mientras esté vigente el estado de excepción.
La medida también genera cuestionamientos desde sectores sociales. El dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, rechazó la ampliación y sostuvo que no existiría justificación para mantener un régimen excepcional en un escenario distinto al de los bloqueos que marcaron los primeros meses de gestión.
La discusión tampoco se reduce a una división entre oficialismo y oposición. Hay autoridades que respaldan la continuidad de la medida, pero exigen resultados concretos. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su respaldo a la ampliación, mientras otras autoridades han planteado que el régimen excepcional debe traducirse en respuestas efectivas frente a los problemas de seguridad y conflictividad.
Con la ampliación aprobada, el Gobierno dispone ahora de otros 90 días para administrar un escenario diferente al que enfrentó en junio. El desafío será evitar que los riesgos identificados se conviertan nuevamente en bloqueos generalizados, atender los factores económicos y sociales que generan conflicto y, al mismo tiempo, sostener una agenda política que incluye la reforma constitucional.
Así, la segunda etapa del estado de excepción abre un periodo en el que la discusión ya no estará centrada únicamente en si la medida era necesaria para responder a la crisis de los 53 días, sino en qué resultados concretos produce su continuidad y hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda mientras permanezca vigente.