Sus declaraciones se producen cuando se acerca el plazo de vigencia del estado de excepción decretado el 19 de junio y que concluye este viernes 18 de septiembre, que puso fin a 53 días de movilizaciones y más de 45 días de bloqueos de carreteras.
eju.tv / Video: Radio Fides
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia, Jhonny Torres, pidió este lunes al Gobierno nacional priorizar el diálogo, el consenso y la búsqueda de acuerdos para resolver los problemas que persisten en el país, al considerar que el estado de excepción, por sí solo, no permitirá superar las tensiones sociales.
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«El Gobierno debe hacer esa evaluación, pero el estado de excepción, por sí mismo, no soluciona nada. Lo que soluciona es la actitud de diálogo, la actitud de consenso y la actitud de buscar soluciones a los problemas», afirmó Torres, tras ser consultado sobre la posibilidad de mantener o ampliar esta medida.
Sus declaraciones se producen cuando se acerca el plazo de vigencia del estado de excepción decretado el 19 de junio y que concluye este viernes 18 de septiembre, que puso fin a 53 días de movilizaciones y más de 45 días de bloqueos de carreteras.
Torres consideró que, antes de definir la continuidad de la medida, el Gobierno debe evaluar las demandas que todavía permanecen sin solución. Entre ellas, destacó la situación del abastecimiento y el precio del diésel, un problema que afecta particularmente a los gobiernos municipales.
«Por ejemplo, tenemos los problemas del diésel. Santa Cruz tiene una posición, otras regiones del país tienen otra, y los municipios siguen estando arrinconados por la falta de diésel o por el diésel a 18 bolivianos. Entonces, a esto hay que encontrarle una salida», sostuvo.
El representante de la FAM señaló que existen diferentes posiciones entre las regiones respecto a la política de combustibles y planteó que, si el Gobierno decide mantener el decreto, debe acompañarlo con alternativas que permitan atender las demandas de los sectores afectados.
Entre las propuestas mencionó la libre importación de combustibles y planteó que esta pueda realizarse mediante mecanismos de devolución de impuestos, como el Certificado de Devolución Impositiva (Cedeim). «Hay que tomar acción, hay que tomar decisiones y medidas», remarcó.
El pedido de la FAM se da en un contexto marcado por las consecuencias de la crisis social registrada entre mayo y junio, cuando se contabilizaron 53 días de protestas y bloqueos. Según datos manejados durante ese conflicto, las movilizaciones generaron pérdidas económicas de al menos $us 3.000 millones y provocaron la pérdida de alrededor de 150 mil empleos, de acuerdo con el Ministerio de Economía.
En ese escenario, distintos sectores han planteado la necesidad de que el Gobierno promueva una mesa de diálogo amplia para construir acuerdos que permitan atender las demandas pendientes y prevenir una nueva escalada de conflictos.
