Un Análisis Crítico del Ciclo de Proyectos de Saneamiento Básico de cara al Pacto Fiscal 2027
El desarrollo sostenible de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en Bolivia enfrenta un obstáculo histórico de naturaleza estructural: la persistencia de un modelo político-fiscal altamente centralizado. A pesar de los avances normativos impulsados por las reformas de descentralización de los años noventa (tales como la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa), el período “Plurinacional” profundizó la dependencia de las regiones mediante una fuerte asimetría presupuestaria. Aun reconociendo constitucionalmente cuatro niveles de autonomía, el Nivel Central del Estado (NCE) llegó a concentrar hasta el 87% de los recursos públicos, reduciendo severamente el margen de acción operativa y financiera de las gobernaciones y los municipios.
Este desequilibrio fiscal se traduce directamente en un evidente vacío institucional dentro del ciclo de proyectos sectoriales (demanda, diseño, inversión y puesta en marcha). Al marginar a los gobiernos subnacionales de sus responsabilidades concurrentes, el modelo imperante ha priorizado la mera ejecución financiera y de incremento de cobertura, sobre la calidad técnica y la resiliencia física de las obras. Las consecuencias de este enfoque centralista son críticas: datos oficiales del sector revelaron que en 2016 el 97% de los proyectos de preinversión del país incumplían los criterios normativos básicos; una deficiencia estructural que para el año 2025 sigue afectando al 90% de los estudios, según informes de evaluación de programas y tesis sectoriales.
Durante las últimas décadas, la dinámica impuesta obligaba a los municipios —generalmente rezagados en su capacidad técnica de preinversión— a someter sus carpetas a la aprobación del viceministerio cabeza de sector como única vía para asegurar el financiamiento. Paralelamente, los gobiernos departamentales asumieron un rol de simples co-financiadores, desligándose de la evaluación ex-ante y del acompañamiento en todo el ciclo del proyecto. El resultado sistémico ha sido la proliferación de infraestructura con fallas de diseño que comprometen la sostenibilidad operativa de las inversiones y limitan la capacidad de respuesta frente a las amenazas emergentes del cambio climático.
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La transición hacia el nuevo Pacto Fiscal proyectado para el año 2027 exige una reingeniería profunda de la institucionalidad sectorial. No basta con transferir recursos; es imperativo promulgar una legislación específica que distribuya responsabilidades de cada nivel de gobierno, en el marco de la competencia concurrente de Proyectos. Hasta ahora no se observa ningún indicio que permita avizorar mejoras en el sector.
A nivel territorial, la arquitectura institucional requiere el fortalecimiento inmediato de los dos eslabones subnacionales:
- Los Gobiernos Departamentales: Deben consolidar de manera urgente sus Unidades de Agua y Saneamiento Básico (UNASBA) para elaborar Planes departamentales de agua y saneamiento y articular los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos (CDAP) para evaluar los estudios de preinversión, gestionar financiamiento y proveer asistencia técnica de calidad a los municipios.
- Los Gobiernos Municipales: Tienen la responsabilidad de organizar sus Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIM) para planificar la demanda social mediante paquetes geográficos integrales, reglamentar la legislación concurrente y ejercer con rigurosidad su competencia exclusiva en la prestación y operación directa de los servicios.
Urge contar con una gobernanza horizontal que trabaje políticas en el marco normativo, en planes sectoriales y en la preparación de la arquitectura institucional acorde a las condiciones constitucionales y los nuevos desafíos que emergen de las autonomías. Es tiempo de aclarar y separar las funciones institucionales, tanto de los gobiernos que conforman el Estado, como del sistema de regulación. Solo así se habrá cambiado el modelo que actualmente permanece haciendo daño a la sostenibilidad de las inversiones.