Esa labor se llevará a cabo dentro del contrato de préstamo de 500 millones de dólares del BID que promulgó el presidente Rodrigo Paz.
El Gobierno trabaja en un registro único de protección social para focalizar de mejor manera los bonos que se entregarán a partir asistir a la población más vulnerable por la quita de la subvención al diésel.
«Está prevista la construcción de un registro único de protección social, que nos permitirá identificar de la manera más clara y eficiente a las personas y habitantes que deberían percibir los esquemas de protección social», indicó el viceministro de Inversión Pública, Fernando Jiménez.
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Ese trabajo se llevará a cabo dentro del contrato de préstamo de 500 millones de dólares que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó del BID, norma promulgada la anterior semana por el presidente Rodrigo Paz.
Jiménez explicó que las medidas de respalda a las familias más vulnerables por el alza del diésel incluye, además del Bono PEPE II, financiamiento para incentivar al sector productivo.
Además del financiamiento y el bono habrá una exención del gravamen arancelario y del IVA a las importaciones a todas las actividades productivas que estén vinculadas a la compra de insumos, compra de semillas, maquinaria y herramientas, «con esto bajaremos los costos de inversión e incentivaremos la producción nacional», indicó Jiménez.