Cuando exista información sobre un posible caso de corrupción, podrán solicitar documentación directamente a la entidad involucrada y realizar acciones inmediatas, afirmó el viceministro García.
eju.tv / Video: BTV
El viceministro de Transparencia y ahora representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, afirmó este martes por la tarde que su despacho propondrá a las máximas autoridades ejecutivas (MAE) a los responsables de las unidades de transparencia, que anteriormente eran designados directamente por cada institución. El Gobierno busca que estos equipos tengan mayor independencia para ejercer tareas de control o fiscalización.
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«En el pasado, como consecuencia de normas que provenían de otra gestión institucional, las unidades de transparencia eran designadas por su MAE. ¿Cuál es la novedad? a partir de ahora, va a ser el representante gubernamental, a través del Viceministerio de Transparencia, quien proponga a todas las MAE quiénes van a ser los jefes de las unidades de transparencia. De tal manera que, a partir de ahora, vamos a tener ojos y fiscalización en absolutamente todas las entidades», anunció García, en conferencia de prensa, en la que también precisó que es parte de los cambios establecidos en el Decreto Supremo 5706.
La modificación apunta, según García, a establecer una presencia más directa de Transparencia en las diferentes entidades del Estado y reforzar las tareas de fiscalización. El cambio en la designación se complementará con una nueva forma de actuación. García señaló que las unidades de transparencia ya no tendrán que esperar únicamente la presentación de una denuncia para comenzar a revisar un posible hecho irregular.
«Nos preguntamos, por ejemplo, ¿dónde estaban las unidades de transparencia cuando el Ministerio de Obras públicas en el pasado disponía un gasto porque no era una inversión, sino un gasto de más de 500 millones de bolivianos en la sede del Parlamento de Unasur, cuando ya ni había Parlamento de Unasur. Dónde estaban cuando se disponían millones de recursos económicos en gastos suntuosos como por ejemplo, el de la casa ejecutiva de YPFB en Las Palmas en la ciudad de Santa Cruz», cuestionó.
Cuando exista información sobre un posible caso de corrupción, podrán solicitar documentación directamente a la entidad involucrada y realizar acciones inmediatas.
«No vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio del despacho. Donde se genere la noticia de un posible hecho de corrupción, vamos a ir y vamos a pedir la información y la documentación de forma directa», sostuvo.
García agregó que la tarea también contempla coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para realizar rastreos patrimoniales en casos de corrupción y avanzar en la recuperación de recursos que hubieran sido afectados.
Uno de los componentes centrales del nuevo rol será el seguimiento patrimonial de personas que tengan denuncias por corrupción. García anunció que su despacho coordinará acciones con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para rastrear el patrimonio relacionado con estos casos.
El objetivo planteado por la autoridad es que una investigación no concluya únicamente con la identificación del hecho o el procesamiento de una persona, sino que también permita establecer qué ocurrió con los recursos involucrados y avanzar en su recuperación. «Necesitamos que esos recursos económicos de quienes han causado daño vuelvan al patrimonio de todos los bolivianos», dijo.
También anunció que Transparencia impulsará sistemas digitales y trazables para reducir espacios de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y permitir un seguimiento de su administración. La autoridad puso como ejemplo situaciones en las que decisiones de funcionarios pueden determinar la asignación de combustible, recursos o servicios de una entidad pública, y planteó que estos procesos puedan quedar registrados mediante herramientas digitales.
