El economista plantea combinar la reducción del gasto público con una política de protección social que vaya más allá de los bonos y llegue a hogares que no están cubiertos por las transferencias actuales.
eju.tv / Video: LHP
El economista Fernando Romero propuso acompañar el nuevo esquema de precios de los carburantes con un programa fiscal y de protección social dirigido a los hogares de menores ingresos, combinado con una revisión de los gastos del Estado para generar recursos destinados a enfrentar el impacto del ajuste.
Romero sostuvo que las transferencias anunciadas por el Gobierno pueden contribuir a aliviar la situación de determinados sectores, pero planteó que una política de protección no debería depender únicamente de bonos debido a que existen familias que no están alcanzadas por esos beneficios.
“Creo que es importante hacer un plan integral, un programa integral que apoye a las familias y hogares de bajos recursos, quienes son los que más van a sentir esto”, afirmó.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El economista planteó que ese esquema debería identificar a los sectores con mayor vulnerabilidad y establecer mecanismos específicos de apoyo mientras la economía atraviesa el proceso de ajuste.
En su análisis, la protección social tendría que estar acompañada por una revisión del gasto público. Romero señaló que existen distintas áreas en las que el Estado puede buscar recursos sin concentrar todo el ajuste en la masa salarial.
“Hay un árbol frondoso que tienes, miles de ramas donde puedes cortar el gasto público”, afirmó, al mencionar entre las posibilidades las empresas deficitarias, los gastos corrientes y diferentes partidas presupuestarias.
La propuesta consiste en vincular ambas políticas: por un lado, reducir gastos que puedan ser considerados prescindibles o deficitarios y, por otro, utilizar parte de ese espacio fiscal para proteger a las familias que tengan mayores dificultades para absorber el incremento de sus costos.
Romero también cuestionó que las transferencias por sí solas puedan sacar de la pobreza a las familias y planteó que el acompañamiento debe incorporar políticas que generen mejores condiciones económicas y productivas.
En ese sentido, consideró que el proceso de ajuste puede extenderse durante varios años y que la protección social debería formar parte de una estrategia más amplia para atravesar ese periodo.
El economista también señaló que algunos países aplican mecanismos de apoyo dirigidos a sectores específicos, particularmente actividades vinculadas con la producción de alimentos. Para Bolivia, planteó adaptar esas herramientas a la situación fiscal y económica del país.
La fórmula que propone, por tanto, combina focalización de la ayuda, revisión del gasto público y políticas de protección para los hogares más vulnerables, en lugar de mantener una subvención general que alcance por igual a todos los consumidores.
