El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público presentó un recurso de apelación incidental contra la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a tres hombres vinculados a la seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La Fiscalía busca que un tribunal de alzada revoque la medida.
Fuente: ANF
Zeballos explicó que el fiscal asignado al caso participó en la audiencia de cesación a la detención preventiva y se opuso a la solicitud de libertad de los tres procesados, al considerar que su permanencia en el penal de Palmasola era necesaria para garantizar su presencia durante el proceso.
“Se ha opuesto de manera fundamentada, es decir, ha solicitado formalmente el rechazo de la cesación a la detención preventiva”, señaló el fiscal departamental, quien sostuvo que la detención preventiva era la medida adecuada para garantizar la presencia de los tres ciudadanos colombianos.
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El representante del Ministerio Público indicó que la apelación será resuelta por un tribunal de alzada. “En las próximas horas o en los próximos días, un tribunal de alzada superior, es decir, los vocales de la sala penal de turno, puedan resolver esta situación jurídica”, afirmó.
Según Zeballos, la Fiscalía expondrá ante esa instancia los argumentos por los que considera que la decisión judicial debe ser modificada y solicitará expresamente que se revoque la detención domiciliaria otorgada a los tres procesados.
Los tres hombres, identificados como Jaime Andrés R. P., Yeison Javier O. A. y Maiker Samir T. S., abandonaron este lunes la cárcel de Palmasola, luego de que la Justicia emitiera los respectivos mandamientos de libertad. Fueron aprehendidos el 13 de marzo, el mismo día de la captura y expulsión de Marset a Estados Unidos.
La medida judicial establece que los tres deben cumplir detención domiciliaria durante las 24 horas y permanecer bajo escolta policial. Ninguno de ellos continúa recluido en Palmasola mientras se resuelve la situación jurídica planteada por la Fiscalía.
Los tres procesados enfrentan una investigación por presuntos delitos relacionados con tenencia, porte o portación ilícita de armas, tráfico de armas, almacenaje peligroso, organización criminal y asociación delictuosa. La apelación presentada por el Ministerio Público no modifica la continuidad del proceso penal.
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