Al Legislativo le quedan casi dos meses para elegir al nuevo Fiscal General: La Comisión Mixta de Justicia ya fue convocada, anuncia Ávila


El 3 de octubre, el Legislativo destituyó a Roger Mariaca y designó a José Urioste como fiscal interino. Desde entonces, corre el plazo de 90 días para designar a la autoridad titular.

Por: eju.tv / Video: Senado

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, reafirmó la responsabilidad institucional del Legislativo para elegir al nuevo Fiscal General del Estado, un proceso que debe desarrollar la Comisión Mixta de Justicia en los próximos dos meses.



La madrugada del 3 de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional destituyó a Roger Mariaca del cargo de fiscal general del Estado y, de forma inmediata, designó a José Urioste como fiscal interino. Desde entonces, corre el plazo de 90 días para designar a una nueva autoridad titular.

Es decir, el Legislativo tiene hasta principios de enero de 2027 para elegir a la nueva autoridad el Ministerio Público y está pendiente el receso de fin de año que cumplen los senadores y diputados.

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«Es parte de la responsabilidad que tenemos en ambas cámaras y obviamente en el Parlamento (Legislativo) como todo», destacó el presidente del Senado.

Sesión del pleno del Legislativo. / Foto: Vicepresidencia.
Sesión del pleno del Legislativo. / Foto: Vicepresidencia.

En ese sentido, Ávila indicó que «ya se ha convocado a la Comisión Mixta de Justicia, que es la que lleva adelante este proceso» y «han iniciado ya el trabajo».

«Obviamente, los plazos que están estipulados en la ley debemos alcanzar la elección de un nuevo fiscal. Eso no implica de ninguna manera el actual fiscal por ejemplo no pueda participar en esa convocatoria», dijo.

El presidente del Senado aseguró que «alcanzan los plazos» para completar el proceso. «Tenemos que hacer un proceso muy profundo de selección para garantizar que el país tenga las mejores autoridades», sostuvo.

Señaló la importancia de aprovechar los aproximadamente 65 días disponibles para llevar adelante un proceso responsable, que priorice la evaluación de los postulantes y el cumplimiento de la normativa vigente.