El experto Álvaro Ríos sostuvo que el país necesita cambios en su política energética para garantizar el abastecimiento y reducir la presión sobre las divisas.
Fuente: Red Uno
Greyss Nery Pinaya Acarapi
“Es mejor tener energía un poco más cara, más costosa si usted quiere, que no tenerla”, afirmó el experto en hidrocarburos Álvaro Ríos al defender cambios en la política energética de Bolivia frente a la caída de la producción nacional y la creciente dependencia de las importaciones.
La situación, según el especialista, refleja el agotamiento de un modelo que no logró reponer las reservas de hidrocarburos y dejó al país con una mayor necesidad de comprar combustibles en el exterior. “Bolivia está muy débil en materia energética”, sostuvo al advertir que la dependencia de las importaciones seguirá creciendo si no se recupera la producción nacional.
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Las proyecciones apuntan a una factura energética de $us 3.200 millones este año. Además, Bolivia podría comenzar a importar gas natural en 2029 y necesitar cada vez más GLP, diésel y gasolina del exterior, una situación que presionaría las divisas disponibles.
Subsidios: compensar a las familias vulnerables
Frente a ese panorama, uno de los cambios planteados es revisar las subvenciones generalizadas, que, según Ríos, pueden beneficiar a consumidores que no necesitan ayuda económica y desviar recursos que deberían destinarse a otros sectores.
“Entonces, estamos haciendo un desperdicio de los dólares para darle subsidio a aquel que tiene”, afirmó, al cuestionar que una familia de altos ingresos reciba el mismo beneficio que un hogar vulnerable.
La propuesta consiste en focalizar la ayuda estatal y acompañar los ajustes con medidas de protección social. “El mecanismo del GLP se lo he explicado, pero el gobierno tendrá que dar el próximo año ciertos bonos y cierta subida en los salarios para compensar esta subida de la energía que viene por los energéticos que tenemos que importar”, señaló.
De esta manera, la revisión de los subsidios tendría que avanzar junto con mecanismos de compensación para los hogares más afectados por el aumento de los costos. De lo contrario, el país podría enfrentar dificultades de abastecimiento mientras mantiene un gasto elevado para sostener los precios subvencionados.
El decreto eléctrico y el tipo de cambio
En el sector eléctrico, el Decreto Supremo 5750 modifica las fórmulas de cálculo de las tarifas e incorpora el promedio mensual del tipo de cambio para realizar los ajustes. Frente a las críticas sobre un posible incremento extraordinario, Ríos fue enfático: “No es un tarifazo eléctrico”.
El mecanismo, explicó, toma en cuenta las variaciones cambiarias, que también inciden en los costos de operación de las empresas eléctricas. Estas necesitan divisas para adquirir repuestos, realizar mantenimiento y renovar la infraestructura, tareas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
La falta de recursos para cubrir esas necesidades podría derivar en problemas de suministro. “Si no reparamos y no reponemos con repuestos, con mantenimiento, el sector eléctrico nos va a comenzar a dar problemas y vamos a tener racionamientos como en Cuba”, advirtió.
Por ello, el especialista señaló que el Gobierno debe procurar condiciones que eviten una mayor presión sobre el tipo de cambio. Si el dólar sube, las tarifas podrían aumentar; si baja, también podrían reducirse, de acuerdo con el mecanismo descrito.
GLP: déficit, importaciones y contrabando
La situación también alcanza al gas licuado de petróleo. El Decreto Supremo 5746 mantiene hasta fin de año el precio de la garrafa de GLP de 10 kilogramos en Bs 22,50, pese a que el país ya enfrenta un déficit de este producto y comenzó a recurrir a las importaciones, según Ríos.
La falta de exploración y de una nueva ley de hidrocarburos son, a su juicio, parte de las causas del problema. A esto se suma la salida de GLP subvencionado por las fronteras, que reduce la disponibilidad para el mercado interno y obliga a destinar más recursos al abastecimiento.
Como alternativa, planteó aplicar mecanismos de focalización similares a los utilizados en otros países, con el objetivo de que el beneficio llegue a los consumidores que realmente lo necesitan y evitar que los recursos públicos subvencionen consumos elevados de familias con mayor capacidad económica.
Cierre de empresas deficitarias y nuevas leyes
Los cambios, según el planteamiento del especialista, no deberían limitarse a los precios que paga la población, sino alcanzar también al funcionamiento del Estado. En ese sentido, pidió reducir el gasto destinado a empresas públicas que generan pérdidas.
“Y también yo le pido al gobierno que de una vez cierre las empresas estatales deficitarias”, manifestó.
La recuperación de la producción nacional también requiere nuevas reglas para atraer inversiones. Ríos señaló que las leyes de electricidad e hidrocarburos son necesarias para establecer condiciones que permitan desarrollar proyectos, fortalecer el sector y reducir la dependencia de las compras externas.