La ALP aprobó por unanimidad una resolución que traslada las interpelaciones pendientes a la gestión 2026-2027 y dispone que sean tratadas prioritariamente en las primeras sesiones del nuevo periodo.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó este miércoles que la actual legislatura concluirá el miércoles 4 de noviembre y que la siguiente comenzará al días siguiente, jueves 5 de noviembre, informó el presidente nato del Legislativo, Edmand Lara. En la misma sesión, el pleno aprobó por unanimidad una resolución para dar continuidad a las interpelaciones pendientes a ministros de Estado.
Lara explicó que las fechas de cierre y apertura fueron coordinadas con los jefes de bancada. Respecto a los procedimientos de fiscalización que no fueron concluidos, señaló que se tiene consenso para trasladarlos al periodo legislativo 2026-2027.
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La Resolución 31/2025-2026 establece que las interpelaciones incluidas en un anexo recibirán tratamiento prioritario desde las primeras sesiones de la nueva legislatura. La Presidencia de la Asamblea deberá fijar y notificar las nuevas fechas y horas dentro de los tres días siguientes a la instalación del periodo.
Según la disposición, las interpelaciones se desarrollarán en sesiones permanentes hasta su conclusión, bajo el procedimiento reglamentario y con carácter público. Además, no podrá comenzar una nueva interpelación mientras otra continúe en curso y tendrán prioridad aquellas que hayan sido suspendidas por causas de fuerza mayor.
La resolución también establece un procedimiento para el retiro de estas solicitudes. Los legisladores que desistan de una interpelación deberán presentar una comunicación escrita y fundamentada ante la Presidencia de la ALP. Si los argumentos son considerados insuficientes, tendrán tres días hábiles para complementarlos.
En caso de que no se subsanen las observaciones, los antecedentes podrán ser remitidos a la instancia de ética correspondiente para su evaluación. La norma aclara que esa remisión no implica una declaración de responsabilidad ni una sanción automática.
La disposición entró en vigencia desde su aprobación y busca garantizar la continuidad de los procedimientos de fiscalización parlamentaria durante el cambio de legislatura. El traslado de las interpelaciones no extingue las obligaciones vinculadas a estos procesos ni modifica las consecuencias previstas por la inasistencia de las autoridades convocadas, señala una nota de prensa de la Cámara de Senadores.