Otro ajuste importante en las previsiones del BCB es la reducción de la inversión pública. Las estimaciones del Ente Emisor indican que esta no superaría los $us 1.000 millones al cierre de 2026.
Por eju.tv / La Paz
El Banco Central de Bolivia (BCB) prevé que el déficit fiscal se reduzca a aproximadamente el 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de la gestión 2026.
De concretarse esta previsión, se trataría del mayor ajuste de las finanzas públicas de los últimos 40 años, destaca el Ente Emisor en el Reporte de Inflación y Política Monetaria Año 1 – Tercer trimestre de 2026.
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El informe señala que el crédito interno neto (CIN) del BCB al sector público no financiero (SPNF) aumentó en apenas Bs 2.583 millones, frente a los Bs 9.659 millones programados para este año. Este resultado se explica por un déficit fiscal acumulado del 0,3% del PIB a julio, financiado principalmente mediante colocaciones de valores del Tesoro General de la Nación (TGN) en el mercado interno.
De este modo, el sector público dejó de ser la principal fuente de expansión monetaria. En efecto, la evaluación de la ejecución del Programa Monetario muestra que el sector público hizo un uso moderado de sus depósitos en el BCB, lo que se tradujo en un menor crédito interno neto del Ente Emisor al sector público no financiero.
El déficit fiscal es la diferencia negativa cuando el gasto público supera a los ingresos (impuestos, hidrocarburos, etc.) del Sector Público No Financiero (SPNF).
Otro ajuste importante en las previsiones del BCB es la reducción de la inversión pública. Las estimaciones del Ente Emisor indican que esta no superaría los $us 1.000 millones al cierre de 2026, en contraste con los niveles de ejecución registrados entre 2013 y 2019, cuando superaba incluso los $us 5.065 millones, y con los montos cercanos a los $us 2.500 millones observados durante el último lustro.
El ajuste previsto en la inversión pública también constituye una señal importante para el crecimiento y una oportunidad para la economía en su conjunto, ya que se espera que los recursos se destinen a garantizar áreas de relevancia, como infraestructura, salud y educación, en lugar de financiar actividades productivas que el sector privado puede desarrollar con criterios técnicos y no políticos.