La Cancillería pide que la investigación en Chile se sustente en pruebas técnicas y que se diferencien los hechos acreditados de las hipótesis investigativas.
El Gobierno de Bolivia pidió este sábado que la información difundida públicamente sobre el denominado caso maderas guarde correspondencia con los antecedentes técnicos disponibles y diferencie los hechos acreditados de las hipótesis investigativas y las responsabilidades que deben establecer las autoridades competentes.
«Bolivia considera fundamental que las actuaciones de las autoridades responsables de la investigación se desarrollen con objetividad, máximo rigor técnico y pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, garantizando además el acceso oportuno a la información pertinente y las condiciones necesarias para la verificación y contradicción técnica de los elementos probatorios, incluida la adecuada conservación y trazabilidad de las muestras y antecedentes relevantes», señala parte del comunicado de la Cancillería.
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En ese contexto, advierte que la difusión anticipada de conclusiones puede ocasionar perjuicios económicos y reputacionales de difícil reversión a empresas, trabajadores y productores del sector forestal boliviano.
«La difusión anticipada de conclusiones puede generar perjuicios económicos y reputacionales de difícil reversión y afectar injustificadamente a empresas, trabajadores y productores que desarrollan actividades legítimas. El Gobierno boliviano formula esta preocupación en un espíritu de respeto institucional y buena fe, sin pretender interferir en procedimientos que corresponden exclusivamente a las autoridades competentes de Chile», continúa.
El caso salió a la luz en junio, cuando autoridades chilenas reportaron el decomiso de más de 1.000 toneladas de madera boliviana presuntamente impregnada con sustancias controladas.
En su comunicado, Bolivia aclaró que su posición no pretende interferir en los procedimientos que corresponden a las autoridades chilenas, pero reivindicó su responsabilidad de proteger los intereses legítimos de sus nacionales y sectores productivos.
El Gobierno anunció que continuará abordando el asunto por los canales diplomáticos e institucionales, con respeto a la soberanía de ambos países y con el objetivo de esclarecer los hechos y preservar las relaciones bilaterales.
