Entre tanto, el presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que el informe será presentado al Pleno y posteriormente remitido a la Cancillería y a otras instancias para activar las acciones que correspondan ante las autoridades chilenas y en el ámbito internacional.
La comisión especial de senadores bolivianos que viajó a Chile no encontró evidencia que confirme la existencia de sustancias controladas en la carga de madera enviada desde el país. Se anunciaron acciones ante las autoridades chilenas.
El 28 de septiembre una comisión de senadores se trasladó a Arica, Chile, para sostener reuniones con autoridades de ese país con el fin de indagar el caso Maderas, que fue denunciado en el vecino bajo el argumento de la supuesta impregnación de droga en ese producto.
El senador Nicanor Cochi, integrante de la comisión, sostuvo que los resultados conocidos durante la investigación no corresponden con la acusación inicial.
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Señaló que los análisis reportaron trazas de hasta 0,5% de distintas sustancias, entre ellas ketamina y paracetamol, pero que no se encontró físicamente la cantidad de cocaína señalada inicialmente. “No existe esa cantidad de cocaína que han mencionado”, afirmó.
La senadora Wanda Medrano explicó que, de acuerdo con la información recibida de la Fiscalía de Arica y Parinacota, la estimación de las 108 toneladas habría surgido a partir del análisis de un contenedor y de una curva presuntiva.
“No existe un sustento técnico para decir que son 108 toneladas”, señaló, y dijo que las instituciones chilenas reportaron la presencia de trazas mínimas de distintas sustancias en las muestras analizadas.
La senadora Carol Carlo manifestó que las empresas no fueron formalmente notificadas antes de la incineración de sus cargamentos y que la medida afecta a toda la cadena productiva, desde las empresas exportadoras hasta proveedores, comunidades campesinas y pueblos indígenas vinculados al aprovechamiento de la madera.
Según expuso, al menos cuatro empresas de Pando tienen contenedores afectados por este procedimiento.
Jorge Moreira, director de la Cámara de Exportadores, informó que el sector identificó alrededor de 80 contenedores involucrados y que 16 fueron enviados a Estados Unidos para análisis que, según su reporte, no encontraron sustancias ilícitas.
Calculó las pérdidas de la mercadería en más de $us 10 millones, además de los efectos sobre empleos, empresas y obligaciones financieras.
Entre tanto, el presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que el informe será presentado al Pleno y posteriormente remitido a la Cancillería y a otras instancias para activar las acciones que correspondan ante las autoridades chilenas y en el ámbito internacional.
“No se olviden que nosotros tenemos un tratado donde nuestras mercancías que exportamos están en tránsito y están sujetos a legislación internacional”, afirmó. Ávila señaló que estas gestiones buscarán resguardar los intereses de Bolivia, la actividad exportadora y la imagen del país frente a lo ocurrido con los cargamentos.