La sesión de reconsideración se realizará a las 10:00. Se definirá si se ratifica la aprobación del proyecto de ley o se realizan modificaciones.
Por eju.tv / La Paz / Video: RTP
El miércoles 14 de octubre, la Comisión de Justicia reconsiderará la aprobación del proyecto de ley antibloqueos; por tanto, su remisión al pleno de la Cámara de Diputados quedó paralizada, informaron, por separado, los diputados Manolo Rojas (PDC) y Carlos Alarcón (Unidad).
La norma fue aprobada en la Comisión el martes; sin embargo, los diputados de Alianza Popular solicitaron su reconsideración.
Rojas, presidente de la Comisión, informó que la sesión de reconsideración se realizará el miércoles 14 de octubre, a las 10:00, e invitó a todos los legisladores, incluidos los proyectistas de la propuesta, Carlos Alarcón y Luis Mérida, a defender sus iniciativas.
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El legislador reprochó que Alarcón y Mérida no defendieran sus propuestas al no asistir a las sesiones de la Comisión y que, por el contrario, convocaran a conferencias de prensa para cuestionar las disposiciones de la norma.
Lo que cuestiona Alarcón es que en la norma se hayan incluido sanciones para las autoridades que no respondan a las demandas de los sectores que convoquen a protestas y cortes de rutas.
Alarcón precisó que, al haber aceptado la Comisión la reconsideración del proyecto de ley, se paralizó su remisión al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
En la sesión del miércoles de la próxima semana se definirá si se ratifica la aprobación del proyecto de ley o se realizan modificaciones.
El proyecto de ley 070, destinado a garantizar la libre transitabilidad y la protección del pueblo boliviano, consta de 28 artículos y es resultado de la unificación de diez propuestas normativas referidas a la prevención de los bloqueos.
El proyecto de ley establece un régimen penal que determina penas de tres a seis años de privación de libertad cuando los bloqueos afecten servicios de emergencia, salud, abastecimiento, evacuación, infraestructura o actividades laborales. La pena será de ocho años de privación de libertad cuando se registre el uso de violencia, armas, destrucción de infraestructura o cobros.
Por otro lado, determina que la Policía Boliviana, el Ministerio Público y las instituciones públicas competentes deberán incorporar programas de capacitación en gestión de conflictos, derechos humanos, libre transitabilidad, derecho al trabajo, investigación penal y uso legítimo de la fuerza.
En sus disposiciones transitorias, se establece que el Órgano Ejecutivo deberá adecuar, en un plazo de 60 días calendario, los protocolos necesarios relacionados con la prevención y el diálogo; el tránsito de los servicios de emergencia; el abastecimiento indispensable; la protección del derecho al trabajo; la advertencia y el desescalamiento; el restablecimiento de la circulación; la documentación de los operativos; y el uso proporcional de la fuerza.