El caso que comenzó con las restricciones de visa de EEUU y la aprehensión de Roger Mariaca derivó en dos investigaciones penales, cuatro detenidos preventivos por narcotráfico y organización criminal, una segunda cautelar contra Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas y una crisis institucional por la sucesión en la Fiscalía General.
Mariaca, Irusta y Zeballos fueron enviados a centros penitenciarios de alta seguridad. Foto: El Diario
El 28 de septiembre, Estados Unidos incluyó a Roger Mariaca entre los funcionarios bolivianos a quienes revocó la visa y acusó de corrupción o vínculos con el narcotráfico. El Gobierno anunció que pediría información a Washington para conocer los fundamentos de esas decisiones. Dos días después, la situación pasó de las sanciones migratorias a una investigación penal en Bolivia.
La noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre se ejecutaron operativos en La Paz, Santa Cruz y Sucre. El mayor de Policía Rubén Aparicio fue aprehendido primero en La Paz y, según el comandante de la Policía, Adrián Álvarez, proporcionó información que vinculó a autoridades del Ministerio Público. Después fueron aprehendidos Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en Viru Viru, y el fiscal superior Martín Irusta en Sucre. El Gobierno llegó a reportar 14 aprehendidos durante el operativo.
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El operativo también derivó en el hallazgo de dinero. Una ambulancia que salió del domicilio de Mariaca fue interceptada y la Policía informó del hallazgo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 ocultos en compartimentos. Ese hecho abrió posteriormente una segunda investigación penal.
Ese mismo 1 de octubre se produjo la primera disputa sobre la sucesión. Luis Montaño se presentó como fiscal general interino con el argumento que le correspondía asumir por antigüedad. El Gobierno desconoció esa decisión. “No se puede autonombrar fiscal interino”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien sostuvo entonces que correspondía a la Asamblea definir la sucesión. La posición fue compartida por sus colegas y asambleístas de oficialismo y oposición.
El 2 de octubre, la Fiscalía formalizó la imputación contra Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Las acciones de libertad presentadas en las siguientes horas a favor de Mariaca, Zeballos e Irusta fueron rechazadas por la Justicia.
Mariaca llegará la tarde de este lunes a Cantumarca donde debe cumplir la detención preventiva. Foto: Opinión
El 3 de octubre, después de una sesión legislativa maratónica, la Asamblea aprobó la suspensión definitiva de Mariaca y eligió a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino por 90 días. Ese mismo día, tras una audiencia cautelar de más de 14 horas, un juez dispuso seis meses de detención preventiva para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio. Mariaca fue enviado a Cantumarca, Zeballos a El Abra, Irusta a Patacamaya y Aparicio a Chonchocoro.
La situación de Mariaca se complicó un día después. El 4 de octubre, otro juez ordenó seis meses de detención preventiva contra él por legitimación de ganancias ilícitas, dentro del caso de los Bs 3,5 millones y $us 10.000 encontrados en la ambulancia. En ese proceso también fueron cautelados Lucas Ojopi Ymopoco, Wilson Rolando Fuertes Pozo, Caloleyo Said Flores Limón y René Orlando Rala Cerezo, quienes fueron enviados a distintos recintos penitenciarios.
En esa segunda audiencia, Mariaca negó las acusaciones y pidió no ser enviado a Cantumarca. “Yo no soy narcotraficante y yo no soy asesino ni violador”, afirmó ante el juez, mientras cuestionaba las condiciones de su traslado y reclamaba que se respetara su defensa material.
La investigación vinculada al caso Mariaca se extendió este domingo hasta la vivienda del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, ubicada en Sopocachi, La Paz. La Policía ejecutó un allanamiento como parte de la búsqueda de la exautoridad, que es investigada por sus presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Durante el operativo fueron retirados documentos, paquetes y otros elementos que deberán ser sometidos a investigación. El Gobierno sostiene que Del Castillo continúa prófugo y que su nombre aparece en declaraciones atribuidas a Marset sobre una supuesta red de pagos a autoridades.
Este lunes 5 de octubre, Mariaca comenzó su traslado por vía terrestre hacia Cantumarca para cumplir la primera medida preventiva. El caso, sin embargo, está lejos de cerrarse ya qaue continúan las investigaciones sobre los cuatro imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas, el segundo proceso por legitimación de ganancias ilícitas y las pesquisas sobre otras personas vinculadas a los operativos.