La segunda medida alcanza a 40 personas: 15 ciudadanos bolivianos y 25 familiares directos. La primera también incluyó a autoridades y exautoridades, sus familiares y otros ciudadanos que quedaron inhabilitados para obtener visa. El caso del exfiscal general Roger Mariaca pasó al ámbito judicial en Bolivia.
Visa EEUU. Foto: RRSS
Estados Unidos amplió sus medidas migratorias contra ciudadanos bolivianos señalados por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico. En el anuncio del 22 de octubre, el Departamento de Estado informó de restricciones para 40 personas, son 15 bolivianos identificados por nombre y 25 familiares directos; entre ellos, el exfiscal general Juan Lanchipa y los diputados Rafael Darío López Mercado (Libre) y Rolando Santos Pacheco Chávez (AP).
La nueva medida se suma a la anunciada el 28 de septiembre. En esa primera comunicación, Washington informó que había tomado medidas contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares; además, otros nueve bolivianos que no tenían visa vigente quedaron generalmente inhabilitados para obtenerla, junto con sus familiares.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Departamento de Estado del país norteamericano no publicó un total acumulado de personas afectadas en ambos anuncios ni un desglose completo de todos los familiares alcanzados.
Entre los nombres de la primera lista figuraron fiscales, jueces, un exministro de Justicia, un exjefe de la Policía Boliviana, un exdirector de la Aduana Nacional y un empresario. En una decisión adicional, Estados Unidos designó públicamente al entonces fiscal general Roger Mariaca por presunta corrupción significativa y declaró a él y a sus familiares directos generalmente inelegibles para ingresar al país.
El caso de Mariaca es el que tuvo consecuencias judiciales más visibles en Bolivia. Tras el anuncio estadounidense, fue aprehendido e imputado en una investigación por presuntos delitos vinculados con una estructura criminal y el narcotráfico.
La Justicia dispuso su detención preventiva, aunque las imputaciones y medidas cautelares no equivalen a una condena, por tanto, deben resolverse dentro del proceso correspondiente.
La inclusión en las listas estadounidenses tampoco constituye, por sí misma, una sentencia penal. Las restricciones migratorias responden a decisiones de Washington y sus fundamentos no sustituyen las pruebas que deben presentarse ante los tribunales bolivianos.
La segunda nómina vuelve a poner bajo escrutinio a funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía, el sistema judicial, la Policía y otras instituciones estatales.
La situación de Lanchipa, quien ejerció como fiscal general durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), abre interrogantes sobre los antecedentes que motivaron la medida y sobre si corresponderá después una investigación en Bolivia tal cual sucedió con su sucesor. Hasta ahora, su inclusión en la lista no permite afirmar si enfrentará el mismo proceso que Mariaca.