El vocero presidencial, José Luis Gálvez. Foto: APG
El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, atribuyó el deterioro de la economía boliviana al manejo de los recursos públicos durante los anteriores gobiernos.
En conferencia de prensa, afirmó que el país enfrenta las consecuencias de gastos por $us 60.000 millones provenientes de la renta del gas, la venta de más de 20 toneladas de oro y la acumulación de una deuda de $us 40.000 millones.
La autoridad se refirió a los pronósticos económicos de los organismos multilaterales, que anticipan un escenario adverso para Bolivia, y reconoció que las proyecciones no muestran perspectivas favorables para la economía nacional.
“Los pronósticos no son de plena salud para nuestra economía”, sostuvo Gálvez, al señalar que las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos reflejan la situación que atraviesa el país.
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Deterioro económico
Ante la consulta sobre cómo el Gobierno enfrentará el decrecimiento económico, la pérdida de poder adquisitivo y el cierre de negocios, el vocero responsabilizó a las anteriores administraciones por el estado actual de las finanzas públicas.
“La pregunta es por qué nuestra economía está así. Está así porque nos mantuvieron durante largos años a partir de mentiras. Está así porque hubo un régimen que se gastó $us 60.000 millones de la renta del gas, se vendieron más de 20 toneladas de oro y se las rifaron, y nos dejaron endeudados además por $us 40.000 millones”, aseveró.
Gálvez dijo que los bolivianos ahora tendrán que asumir las consecuencias de esas decisiones y defendió las medidas del actual Gobierno para ordenar las cuentas públicas y establecer condiciones que permitan recuperar el crecimiento económico.
“Al ordenar la economía, al sincerarla realmente y poner los cimientos para poder crecer, no encontramos otra cosa que la realidad en la que nos dejaron”, manifestó.
Anteriores gobiernos
El vocero también cuestionó las inversiones que realizaron las anteriores administraciones en empresas y plantas industriales estatales, al considerar que varios proyectos no respondieron a las necesidades productivas de las regiones donde se instalaron.
Como ejemplo, mencionó una procesadora de limones en Potosí, donde, según afirmó, no existían condiciones para garantizar el abastecimiento de esa materia prima.
“Se imaginan ustedes si esos 60 mil millones hubieran sido correctamente invertidos, en lugar de ponernos cientos de empresas que no funcionan”, cuestionó.
A su juicio, las anteriores autoridades priorizaron la construcción de plantas industriales sin garantizar su funcionamiento y utilizaron esas inversiones para cometer irregularidades.
“Su negocio era construir plantas, no para que funcionen, sino para robar mientras construían”, acusó.
Gálvez también cuestionó a quienes plantean retomar las políticas de subvención y el modelo económico de anteriores gobiernos. Según dijo, esas medidas permitirían mantener prácticas que, en su criterio, favorecieron el contrabando y distorsionaron la economía.
Salarios
Durante la rueda de prensa, la consulta también abordó la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, el monto de los salarios y la posibilidad de convocar a una reunión tripartita para discutir un incremento salarial frente a las proyecciones económicas desfavorables.
Sin embargo, Gálvez centró su respuesta en las causas que, según el Gobierno, explican la situación económica heredada y en la necesidad de ordenar las finanzas públicas. En su intervención no precisó cuánto podría aumentar el salario ni confirmó una fecha para una eventual reunión tripartita.
El pronunciamiento se produce en un contexto de preocupación por el costo de vida, la contracción de la actividad comercial y las dificultades que enfrentan los hogares para cubrir sus gastos, mientras las proyecciones de crecimiento mantienen la atención sobre las perspectivas económicas del país.
