El exdiputado y abogado sostuvo que el procedimiento no fue completamente apegado a la norma, pero consideró que el caso abre una oportunidad para reformar la Justicia y el Ministerio Público.
eju.tv / Video: QNMP
El expresidente de la Cámara de Diputados y abogado Guido Áñez sostuvo que la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca no se realizó mediante un procedimiento estrictamente apegado a la ley, aunque consideró que la gravedad de las acusaciones y la necesidad de cambiar el sistema de justicia constituyen una “razón de Estado”.
“No ha habido un procedimiento totalmente apegado, digamos, estrictamente a la ley. Pero no se olvide de quién se trata”, afirmó Áñez al ser consultado sobre los cuestionamientos de la defensa de Mariaca a la forma en que fue aprehendido.
El abogado sostuvo que, frente a las denuncias sobre irregularidades en el Ministerio Público, debe priorizarse una transformación del sistema de justicia. “La razón de Estado, ¿qué es? Cambiar la justicia, mejorar la justicia, recuperar la ética en el ejercicio de la vida pública”, señaló.
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Áñez afirmó que el Ministerio Público se convirtió, a su criterio, en un mecanismo de presión contra los ciudadanos y sostuvo que el momento actual representa una oportunidad para que el Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial impulsen cambios.
“Esta es la gran oportunidad que tiene el gobierno, el parlamento y el mismo Poder Judicial, la gente honesta del Poder Judicial, porque sí creo que hay de cambiar la justicia”, manifestó.
Sus declaraciones se producen mientras la Asamblea Legislativa debe definir qué medidas corresponden respecto a la situación de Mariaca, aprehendido junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otros investigados dentro de una causa por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y organización criminal.
Áñez también sostuvo que el caso podría tener una dimensión internacional. Explicó que, a su entender, las restricciones de visa aplicadas por Estados Unidos constituirían una primera fase administrativa y que una eventual etapa penal podría derivar en un pedido de extradición si las autoridades estadounidenses consideran que los hechos investigados afectaron a ese país o a ciudadanos estadounidenses.
“La segunda fase es la fase penal, que es inicio de un proceso y pedido de extradición si es que encuentran que los delitos que ha cometido el fiscal Mariaca u otras autoridades u otras personas hubieran afectado a Estados Unidos”, afirmó.
Áñez aclaró que un eventual pedido de extradición no sería automático y explicó que primero tendría que existir una investigación y, posteriormente, una decisión judicial en Bolivia sobre la solicitud, en caso de que esta llegara a presentarse.
El abogado también sostuvo que las investigaciones contra autoridades vinculadas al caso deben alcanzar a las estructuras económicas que permiten operar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Afirmó que estas redes cuentan con testaferros, lavadores de dinero, importadores de precursores y personas insertadas en distintos sectores.
En otro tramo de la entrevista, Áñez afirmó que el problema no debe confundirse con Bolivia como país, sino con personas y estructuras que, según su planteamiento, habrían penetrado instituciones públicas. “No es el país el que está involucrado, son personas que han tomado el Estado, parte de mafias organizadas”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen en una jornada en la que la situación de Mariaca está en manos de la Asamblea Legislativa, mientras la investigación penal continúa y la defensa cuestiona la legalidad de las aprehensiones.