El gerente del Sedem anunció que solicitará una reunión con el Fiscal General del Estado para exponer problemas registrados en procesos contra anteriores administradores de Ecebol. Advirtió que la afectación se puede elevar.
eju.tv / VideO: DTV
El gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Justiniano, informó este lunes que los primeros procesos relacionados con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) identifican un presunto daño económico de alrededor de 17 millones de dólares. Ante el rechazo de denuncias contra anteriores administradores, anunció que solicitará al Fiscal General del Estado en suplencia legal que fiscalice estos casos.
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«De acuerdo con los estados financieros que concluyeron el año pasado, durante la anterior gestión, Ecebol cerró la gestión 2025 con un déficit de 56 millones de bolivianos. Esta situación fue de conocimiento público y representó uno de los desafíos y objetivos al asumir nosotros como nuevos administradores de Ecebol: revertir la situación en la que se encuentra la empresa», afirmó Justiniano.
Detalló que los delitos que se han identificado son usurpación de funciones, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Dentro de los primeros procesos que se han presentado, el daño económico ocasionado directamente asciende a alrededor de 17 millones de dólares.
La autoridad advirtió que el monto puede incrementarse a medida que avancen las investigaciones y se presenten nuevas denuncias. En ese marco, señaló que solicitará una reunión con el Fiscal General para exponer las dificultades que, según indicó, se registraron con anteriores administradores de fiscalías.
«Sin embargo, la sumatoria de todos los procesos que nosotros hemos iniciado y de los que vamos a iniciar (…) puede conllevar a un monto mucho más alto y superior al que nosotros estamos describiendo en este momento», manifestó.
Justiniano también recordó que Ecebol cerró la gestión 2025 con un resultado financiero negativo de 56 millones de bolivianos, situación que identificó como uno de los desafíos de la actual administración del Sedem.
En diciembre de 2025, el Gobierno denunció que la fábrica de cemento de Potosí, que demandó una inversión de 2.135 millones de bolivianos, no había logrado operar debido a la falta de garantías para el suministro de gas.
La planta fue inaugurada en noviembre de 2023, pero no entró en funcionamiento. Inicialmente, se atribuyó la demora a la falta de materia prima proveniente del yacimiento de Turucaya, cuyo aprovechamiento requería un proyecto de ley aprobado en octubre de 2024.
La fábrica está ubicada en la zona de Chiutara, a 12 kilómetros de la ciudad de Potosí, y tiene una capacidad instalada proyectada de 260.000 toneladas de cemento, según los antecedentes proporcionados. Sin embargo, la página web de ECEBOL no oferta cemento producido en esa planta, a diferencia de la producción de la fábrica de Oruro.
En contraste, la planta de Oruro retomó la producción de clínker y busca superar el 50% de su capacidad productiva.
