El exfiscal general, que ejerció durante los gobiernos del MAS, figura entre los 15 bolivianos alcanzados por la nueva restricción de visas. Su inclusión no implica una imputación penal, pero vuelve a poner el foco sobre las dos últimas gestiones de la Fiscalía General.
El exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Foto: FGE
Juan Lanchipa, quien fue fiscal general del Estado durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), figura en la segunda lista de 15 autoridades y exautoridades bolivianas a las que Estados Unidos impuso restricciones de visa. La nómina se hizo pública el 22 de octubre e incluye también a dos diputados, fiscales, jueces, exjefes policiales y antiguos responsables de entidades estatales.
La decisión coloca a Lanchipa en el mismo grupo de personas alcanzadas por la política migratoria anunciada por Washington contra extranjeros a quienes atribuye presuntos vínculos con corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado no ha convertido con esa medida una acusación en sentencia: la restricción de ingreso es una decisión migratoria estadounidense y no equivale, por sí sola, a una imputación o condena en Bolivia.
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El antecedente más relevante es el de Roger Mariaca, quien ocupó la Fiscalía General desde 2024, durante el Gobierno de Luis Arce. Estados Unidos anunció restricciones contra él el 28 de septiembre y lo señaló públicamente por presunta corrupción significativa. Tres días después, Mariaca fue aprehendido en Bolivia en una investigación por presuntos delitos vinculados con una estructura criminal que, según las autoridades bolivianas, habría protegido actividades del narcotraficante Sebastián Marset.
La Fiscalía imputó a Mariaca y a otras personas por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Un juzgado dispuso su detención preventiva y posteriormente se informó de otra medida cautelar por legitimación de ganancias ilícitas. El caso sigue un curso judicial propio y las acusaciones deben probarse. Su evolución explica por qué la inclusión de Lanchipa genera preguntas, pero no permite anticipar que enfrentará las mismas medidas.
Por ahora, la información pública sobre la segunda lista confirma la inclusión de Lanchipa, pero no permite afirmar que Estados Unidos haya solicitado su extradición ni que exista, por el solo hecho de la restricción de visa, una imputación penal boliviana contra él. Tampoco se ha verificado una decisión judicial que lo coloque en una situación equivalente a la de Mariaca.
La pregunta pendiente es qué antecedentes específicos sustentaron la medida contra el exfiscal general y si esos elementos serán remitidos a las autoridades bolivianas. El Gobierno ya había solicitado a Washington información sobre las acusaciones formuladas contra las personas incluidas en la primera lista; la nueva nómina amplía el alcance de ese pedido de esclarecimiento.
Lanchipa y Mariaca pasaron por la máxima instancia del Ministerio Público en periodos distintos, ambos bajo gobiernos del MAS. La inclusión de los dos en las medidas estadounidenses abre un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la Fiscalía, pero cualquier eventual responsabilidad de Lanchipa deberá establecerse con antecedentes concretos y mediante los procedimientos legales correspondientes.
El Departamento de Estado justificó la nueva medida con una política que, según su comunicado, se dirige contra ciudadanos que, mediante corrupción o narcotráfico, “socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.
Washington añadió que respalda al Gobierno boliviano en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva de las instituciones, incluidos los tribunales, la Policía y los órganos legislativos.
