Asambleístas de tres fuerzas políticas sostienen que la elección de José Armando Urioste por más de dos tercios obliga al vicepresidente Edmand Lara a cumplir con el acto protocolar. Incluso advirtieron con un posible incumplimiento de deberes.
eju.tv / Video: BTV
Las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara, quien puso en duda la legalidad del procedimiento utilizado por la Asamblea Legislativa para suspender a Roger Mariaca y elegir a José Armando Urioste como fiscal general interino, provocaron este lunes una reacción de legisladores de distintas fuerzas políticas, que le exigieron cumplir con la posesión de la nueva autoridad.
El senador de Libre, fue uno de los más duros y advirtió que Lara podría incurrir en incumplimiento de deberes si se niega a posesionar a Urioste. “Va a entrar en incumplimiento de deberes y se puede someter a juicio el vicepresidente”, afirmó.
Marinkovic sostuvo que la Asamblea ya cumplió con el procedimiento para destituir a Mariaca y designar a su reemplazante. “Aquí no hay caprichos, hay un país y hay una necesidad. Se eligió y había necesidad de designar fiscal y destituir fiscal”, declaró. Añadió que, según su interpretación, la decisión fue adoptada “con todas las medidas legales y constitucionalmente”.
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Su correligionario Ernesto Suárez recordó que la ALP ya tomó una determinación al elegir por dos tercios a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino. «Al haberlo designado, ya está en funciones, no corresponde siquiera que haya un acto de posesión», aseveró.
Desde Unidad, el diputado Alejandro Reyes también sostuvo que Urioste ya cuenta con el respaldo del pleno legislativo y que la posesión constituye una formalidad. “Ya hay una ley aprobada, ya se lo ha elegido por más de dos tercios, es una formalidad la posesión, él ya está”, afirmó.
El pleno de la Cámara Alta. Foto: Senado.
Reyes agregó que Lara no debería desconocer la decisión adoptada por la Asamblea. “Tiene el respaldo de la Asamblea Legislativa; quien no puede ir en contra de la ALP es Edmand Lara porque estaría en incumplimiento”, sostuvo, y pidió al vicepresidente que reconsiderara su posición.
El diputado también cuestionó la postura de Lara respecto al caso Mariaca y afirmó que la negativa a posesionar a Urioste debería ser investigada; incluso, habló de un supuesto “nexo” entre el vicepresidente y el exfiscal general. Su compañera de bancada, Julieta Jiménez, añadió que «sí o sí debe posesionar (a Urioste), porque el pueblo va a ser quien lo castigue a usted si es que no lo hace», además de recordarle que «las leyes se cumplen en este país».
Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la diputada Catherine Pinto sostuvo que el vicepresidente tiene una tarea concreta frente a la decisión legislativa. “Lo que él tiene que hacer es solamente reconocer al nuevo fiscal general del Estado y estaría incurriendo en incumplimiento de deberes”, afirmó.
Pinto agregó que la Asamblea ya hizo el trabajo que correspondía mientras Lara se encontraba en España. “Lo único que le queda es agradecer a la Asamblea, que ha hecho el trabajo que él debía hacer mientras él estaba en España”, manifestó.
Claudia Bilbao recordó que la norma señala que es el presidente nato de la ALP es quien tiene que posesionar a la autoridad interina del Ministerio. «No hay donde perderse y si no lo posesiona está incumpliendo un deber y tiene un proceso, eso es lo claro, somos el primer poder del Estado, le pido al vicepresidente que no se equivoque», advirtió la legisladora paceña.
Las posiciones coinciden en un punto: para estos legisladores, la elección de Urioste por más de dos tercios ya produjo un efecto institucional y Lara no tendría margen para desconocerla mediante una decisión personal.
José Armando Urioste fue designado fiscal general interino por la ALP.
Sin embargo, la controversia no es unánime dentro de la propia Asamblea. La senadora Ana María Crispín, cercana al vicepresidente Lara, anunció que prepara junto con su equipo un recurso de nulidad contra la designación de Urioste. Afirmó que existen “diferentes observaciones” al procedimiento y que el documento sería presentado este lunes.
Crispín señaló que el recurso busca que se revise lo ocurrido durante la sesión en la que Mariaca fue suspendido y Urioste elegido. Según explicó, primero se ordenarán las observaciones jurídicas y posteriormente se definirán las acciones correspondientes, que podrían incluir la revisión del procedimiento y eventuales responsabilidades.
La disputa se trasladó también al propio acto de posesión. Urioste afirmó este lunes que ya entregó la documentación requerida a la Vicepresidencia y espera que Lara cumpla con el procedimiento. “El vicepresidente hace un acto protocolar de posesión en cumplimiento de lo que las cámaras han decidido”, declaró.
El fiscal interino añadió que la elección fue realizada por el pleno de la Asamblea y que, una vez revisados los antecedentes, corresponde cumplir la decisión legislativa.
Mientras tanto, el Gobierno adoptó una posición distinta a la de Lara y sostuvo que Urioste ya es una autoridad elegida y que no requiere una nueva posesión para comenzar sus funciones. El portavoz presidencial José Luis Gálvez afirmó que “el señor Urioste ya es una autoridad elegida que entra en ejercicio; no requiere una posesión”. El Ejecutivo organizó además un acto de reconocimiento institucional en Palacio Quemado.