Evo Morales reconoció públicamente haber impartido «instrucciones precisas» para la realización del operativo en el Hotel Las Américas y haber utilizado al vicepresidente Álvaro García Linera como canal de transmisión con el comandante general de la Policía.
Por: eju.tv / Video: Cadena A
En el Legislativo sube la presión para que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera se presenten ante la justicia para responder en el proceso que la alianza Libre presentó por el caso de las muertes en el Hotel Las Américas.
Advierten que si las exautoridades no acuden ante la Fiscalía y las autoridades judiciales pueden ser declarados en rebeldía.
«Eso es lo que tiene que suceder, ya era hora, ¿vieron cómo funciona el Ministerio Público cuando no es masista?», afirmó el diputado disidente de Unidad, Alejandro Reyes.
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«Eso es lo que tiene que pasar ahora con las instituciones del país, por eso todo el apoyo al nuevo fiscal, se tiene que investigar a fondo, hay un informe a nivel internacional, hay denuncias internacionales, por lo tanto tienen que ir de la mano», sostuvo.
El diputado de la misma fuerza, Juan del Granado, consideró que si Morales no se presenta ante la justicia puede ser declarado en rebeldía.
«Es un procedimiento específico, pero regido en términos generales por el Código de Procedimiento Penal, que es de aplicación supletoria, establece la rebeldía, los edictos previos y por supuestos los mandamientos correspondientes», explicó Del Granado.
El senador de Libre Abdón Porcel calificó como una muy «buena determinación» que el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, haya admitido la denuncia y presentado una acusación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ contra al expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera por el caso de las ejecuciones sumarias en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.
«Es una buena determinación porque después de muchos años el fiscal, ahora sí independiente del poder político, que teníamos con el anterior fiscal, que no tenía independencia, efectivamente está procediendo como debe proceder», indicó el legislador.
«A solicitud, lo que corresponde es que mande al Tribunal Supremo de Justicia; el Tribunal Supremo de Justicia, seguramente en Sala Plena, determinará transferir, o sea, tiene la posibilidad de transferir o no, pero creemos que sí va a transferir a la Asamblea Legislativa», señaló el legislador por Chuquisaca.
Acusación
Libre puntualizó que la proposición acusatoria por el caso de las «ejecuciones sumarias» en el Hotel las Américas en contra del expresidente Juan Evo Morales Ayma y del exvicepresidente Álvaro Marcelo García Linera, presentado ante la Fiscalía General del Estado el pasado viernes 9 de octubre, en la ciudad de Sucre, ha sido firmada por un total de 11 senadores y 36 diputados de la alianza Libre, según se puede observar en la primera página de la presentación de este documento.
Esa proposición acusatoria, enmarcada en el procedimiento constitucional de Juicio de Responsabilidades a Altas Autoridades de Estado, atribuye a ambos exmandatarios la responsabilidad penal directa por la decisión, transmisión y conducción política del operativo ejecutado el 16 de abril de 2009 en Hotel las Américas de Santa Cruz de la Sierra, y por los resultados ilícitos producidos dentro de la estructura estatal activadas a partir de esa decisión.
La acusación sostiene que la responsabilidad de Morales y García Linera no deriva de una responsabilidad objetiva vinculada a los cargos que ejercían, deriva de actos concretos de decisión y mando.
Morales reconoció públicamente haber impartido «instrucciones precisas» para la realización del operativo y haber utilizado al Vicepresidente como canal de transmisión con el comandante general de la Policía.
Por su parte García Linera confirmó la existencia de una instrucción presidencial previa situándola aproximadamente a las 21:00 horas del día 15 de abril de 2009, y describió la activación del aparato policial.
Estás declaraciones constituyen, según la proposición, el nexo directo entre el nivel político superior y la fuerza estatal que ejecutó la intervención.