La investigación está relacionada con la impermeabilización de las piscinas industriales Halitas, adjudicada en 2016 por más de Bs 24 millones a la empresa Gerimex SRL. El Procurador afirmó que la Fiscalía debe investigar.
eju.tv / Video: Procuraduría
La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó siete observaciones en el proceso de contratación para la impermeabilización de las piscinas industriales Halitas, parte de los complejos de evaporación solar, ubicado en el Salar de Uyuni, en Potosí, fue realizado en 2016 por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuya gerencia de recursos evaporíticos actualmente corresponde a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El proceso presenta indicios de posibles delitos y un eventual daño económico al Estado, según el informe elaborado por la Dirección General de Auditoría Forense de la PGE.
El contrato fue adjudicado por más de Bs 24 millones a la empresa Gerimex SRL, pese a que la otra empresa participante presentó una oferta inferior en Bs 874 mil. Esta diferencia de precios fue identificada como un indicio de posible daño económico; sin embargo, el monto definitivo deberá establecerse mediante una pericia especializada solicitada por el fiscal.
Entre los siete hallazgos identificados se encuentran una evaluación realizada al margen de las reglas establecidas, la alteración de criterios previamente definidos y la falta de respaldo presupuestario previo. De acuerdo con el informe, estas observaciones pueden configurar indicios de delitos como incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
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Sobre el tema, el procurador general del Estado, Hugo César León, explicó que la documentación entregada a YLB es resultado de un trabajo coordinado entre ambas instituciones y busca que las instancias competentes investiguen lo ocurrido y establezcan responsabilidades.
«Lo que estamos buscando con esta acción es poder lograr que el Ministerio Público investigue exactamente lo que ocurrió, en base a los hallazgos que hoy estamos presentando ante la población», manifestó León.
La autoridad señaló que las actuaciones también tienen como finalidad recuperar los recursos económicos del Estado que presuntamente fueron utilizados de manera incorrecta, mediante las acciones legales correspondientes.
«El objetivo principal es anotar sus bienes y poder recuperar los dineros que se han invertido de forma incorrecta», afirmó León. Asimismo, indicó que existen otros asuntos pendientes en la empresa estatal que requieren coordinación y asesoramiento jurídico para avanzar en su tratamiento.
La investigación corresponde a un proceso de contratación de 2016 y la determinación del eventual daño económico, así como de las responsabilidades penales, deberá ser establecida por las instancias competentes.
