La institución atenderá gratuitamente denuncias por vulneraciones de derechos y dará prioridad a sectores vulnerables; su puesta en funcionamiento dependerá de las condiciones institucionales y presupuestarias.
eju.tv/ Video: Gobernación de Santa Cruz
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó este viernes por la tarde la Ley de la Defensoría Departamental de las Cruceñas y los Cruceños, que establece la creación de una instancia con autonomía técnica y de gestión, «sin subordinación a la máxima autoridad departamental ni a sus colaboradores».
La vicegobernadora Paola Aguirre afirmó que la institución estará integrada en la estructura presupuestaria de la Gobernación, pero deberá ejercer sus funciones de manera independiente. La norma busca establecer un mecanismo departamental para atender vulneraciones de derechos y facilitar el acceso de la población a mecanismos de protección.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Aguirre indicó que el servicio será gratuito y accesible, sin necesidad de contratar abogados ni cumplir formalidades que dificulten la presentación de quejas. La atención priorizará a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
«Hoy no estamos promulgando una ley más, hoy estamos promulgando lo que dice el Estatuto Cruceño», afirmó el gobernador Velasco durante el acto, al señalar que la norma responde a una demanda que permaneció pendiente durante casi dos décadas.
También enfatizó que la Defensoría deberá actuar frente a situaciones de vulneración de derechos y abuso de poder, dentro de las competencias que le corresponden. También vinculó su creación con la agenda autonómica de su gestión, que contempla medidas relacionadas con la administración de tierras, la seguridad departamental y la distribución de recursos.
Con la promulgación, el departamento da un paso hacia la implementación de una instancia prevista en el artículo 118 de su Estatuto Autonómico. El desafío ahora será garantizar las condiciones institucionales y presupuestarias para poner en marcha la Defensoría y determinar su funcionamiento efectivo.
