La norma abre una vía para financiar herramientas tecnológicas, personal de apoyo para los juzgados y mejoras en las casas judiciales. El Tribunal Supremo de Justicia expuso ante el pleno la urgencia de contar con estos recursos.
Fuente: Prensa Senado
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca aliviar parte de sus carencias con recursos que hoy permanecen inmovilizados en depósitos judiciales no reclamados. La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá destinar esos fondos al fortalecimiento del Órgano Judicial, con énfasis en tecnología, apoyo jurisdiccional e infraestructura. La norma pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Antes del tratamiento, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, y la decana Rosmery Ruiz acudieron al pleno para explicar por qué consideran urgente la aprobación de la norma. El presidente del Senado, Diego Ávila, recordó que el Órgano Judicial recibe apenas el 0,4% del presupuesto total del Estado, una asignación que calificó de insuficiente para su funcionamiento. La ley, señaló, representa una medida para aliviar esa situación, sin sustituir la necesidad de discutir una mejor asignación presupuestaria.
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Saucedo detalló que el proyecto establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de un depósito judicial, contado desde la notificación de la resolución ejecutoriada que autoriza el reembolso. Si no existe reclamación dentro de los plazos y procedimientos previstos, el depósito podrá consolidarse a favor del Órgano Judicial. Los recursos se dirigirán a tres prioridades: ampliar la implementación de herramientas tecnológicas, contratar personal que apoye a jueces y juzgados, y mejorar la infraestructura de las casas judiciales.
“El juez al día está llevando aproximadamente entre seis y siete audiencias. No le da tiempo de revisar expedientes, no le da tiempo de emitir resoluciones”, advirtió Saucedo al explicar cómo la carga de trabajo contribuye a la mora procesal. También señaló que el sistema de gestión de causas penales ya funciona en Chuquisaca, pero su expansión nacional enfrenta limitaciones de equipamiento y capacidad tecnológica.
La decana Rosmery Ruiz describió las dificultades que enfrenta la población para acceder a la justicia, especialmente en las provincias, donde algunas personas deben recorrer largas distancias para llegar a una casa judicial. “Estamos administrando justicia de manera que la población tiene que llevar los insumos para poder ser atendidos, lo que da lugar a la corrupción”, sostuvo. Ruiz aclaró, además, que los recursos no se destinarán a incrementar los salarios de los magistrados, sino a mejorar el servicio judicial, bajo fiscalización de la Contraloría General del Estado.
La ley también establece salvaguardas para proteger los derechos de las personas: excluye del régimen de prescripción los depósitos vinculados a asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad y personas con discapacidad, entre otros contemplados en la norma. Antes de declarar la prescripción, deberán cumplirse procedimientos de publicación, notificación y reclamación, y las resoluciones podrán ser impugnadas.
