Lamentan un lento proceder de la justicia cuando se trata de posibles actos de corrupción que involucra a altas esferas del poder. > Ven que el entramado de corrupción que se consolidó a lo largo de dos décadas en la justicia boliviana, no podrá ser desarticulado solo con cambios en las cúpulas judiciales. > Advierten que la falta de voluntad política demostrada por el Parlamento y por el Gobierno para impulsar cambios en la justicia, sugiere cierto grado de complicidad con aquellos grupos que operan desde las sombras.
Fuente: El Diario
Lamentando que autoridades de justicia no demuestren actuar celeridad y proactividad respecto a los audios filtrados con los que se denuncian supuestas irregularidades y posibles actos de corrupción, el analista y docente universitario Julio Alvarado, advirtió que estructuras corruptas continúan teniendo una presencia importante en el aparato estatal y en la administración de Justicia, obstaculizando e impidiendo un saneamiento en el Órgano Judicial.
“Con honrosas excepciones, se puede ver que la justicia sigue en manos de mafias coligadas con el delito”, señaló el especialista, en relación al lento proceder de la justicia cuando se trata de posibles actos de corrupción en el que se involucra a altas esferas del poder.
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Para Alvarado, esta realidad es resultado de un entramado que se consolidó a lo largo de dos décadas en la justicia boliviana, sin que algunos cambios en las cúpulas, producto de las elecciones judiciales, hayan logrado desestructurar aquellas organizaciones con poder y vínculos que las hacen prácticamente intocables, situación que lleva a reflexionar en la necesidad de impulsar una verdadera renovación y cambio estructural en este ámbito.
“El narcoestado que se ha construido en los últimos veinte años ha generado una gran corrupción en el país y el Órgano Judicial no está respondiendo, por lo que es tarea urgente para la Asamblea Legislativa Plurinacional hacer posibles las grandes transformaciones que requiere la justicia”, dijo.
Asimismo, observó que la falta de voluntad política demostrada por el Parlamento y por altas esferas políticas para impulsar normativas enfocadas en conseguir un verdadero cambio en la justicia boliviana, sugieren cierto grado de complicidad con aquellos grupos que operan desde las sombras, interfiriendo en el esclarecimiento de casos de supuesta corrupción.
Sobre los audios difundidos a través de redes sociales para denunciar posibles actos de corrupción, Alvarado cuestionó que operadores de justicia no hayan anunciado desde un principio el inicio de investigaciones, de oficio, y se haya dado paso a la especulación y la presión para iniciar los respectivos actos investigativos.
“Tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial no están respondiendo a las expectativas de la sociedad boliviana porque no se puede asaltar las arcas del Estado de la forma en que se está denunciando”, explicó el analista, llamando a que desde la sociedad civil se continúe presionando por resultados que confirmen o descarten lo denunciado.
La semana pasada, tras un considerable período de tiempo en el que legisladores y distintos sectores de la sociedad presionaron al Ministerio Público para pronunciarse e iniciar investigaciones por los audios atribuidos a Fernando Cerimedo, en los que supuestamente se exponen indicios de actos de corrupción, desde la Fiscalía General del Estado se anunció la creación de una dirección especializada para investigar el origen y la autenticidad de dichas grabaciones.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, explicó que el Ministerio Público inició diligencias de oficio, pese a que aún no existe un proceso penal formal abierto por falta de una denuncia específica, la cual activaría el caso de inmediato.
Además, la autoridad reconoció que la institución enfrenta limitaciones tecnológicas para analizar archivos digitales que provienen de la nube y no de equipos físicos directos.
Tras el anuncio, el presidente Rodrigo Paz calificó la creación de esta unidad como una buena idea y pidió investigar quién produce y filtra las grabaciones atribuidas a su exasesor Fernando Cerimedo y a miembros de su entorno.
Legisladores como la diputada Claudia Herbas, exigieron a Urioste actuar con mayor firmeza ante la circulación de audios que involucran a distintas autoridades del Estado.
Fuente: El Diario
