Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Nadia Beller recibió el asilo político de México. Foto: Red Uno
La FELCN no detectó sustancias controladas en las 31 maletas del caso Maletas; siete gobernadores reclaman atención para Chuquisaca; Epcoro será liquidada y Karachipampa entrará en reestructuración. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El canciller Héctor Huanca confirmó que el Gobierno analiza la solicitud de salvoconducto presentada para Nadia Beller, quien recibió asilo político de México y permanece en la Embajada de ese país en La Paz. La autoridad explicó que el pedido está en evaluación y que se emitirá una respuesta oportunamente. Huanca señaló que no existe un procedimiento exacto para resolver la solicitud y que corresponde aplicar una convención internacional. El ministro también indicó que la decisión no depende únicamente de Cancillería, pues intervienen otras instancias del Estado. Por su parte, el embajador de México en Bolivia, Eduardo Sosa, evitó pronunciarse sobre el caso y sostuvo que se trata de un asunto diplomático. Explicó que México no hace públicos los detalles de las solicitudes, tanto cuando las concede como cuando las rechaza.
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El fiscal general interino, Armando Urioste, calificó de “sorprendente” que Nadia Beller haya solicitado asilo político en la Embajada de México, debido a que, la abogada tenía la condición de testigo protegida en Bolivia. La autoridad sostuvo que esa protección fue otorgada a solicitud de la propia denunciante, quien posteriormente pidió que se la retirara. “Se le dio a ella la calidad de testigo protegida y solicitó el retiro de esta condición; de manera sorprendente, se presentó en la representación diplomática solicitando asilo político cuando Bolivia ya le había otorgado protección estatal”, declaró. Beller permanece en la sede diplomática mexicana en La Paz y espera que el Gobierno boliviano le conceda un salvoconducto para abandonar el país. La activista argumentó que no cuenta con garantías suficientes para permanecer en territorio nacional.
Los alcaldes de las ciudades capitales y de El Alto exigieron al Gobierno ser incorporados a las negociaciones sobre la distribución 50-50 de los recursos de coparticipación, que hasta ahora se desarrollan con las gobernaciones. En una reunión realizada en La Paz, las autoridades municipales acordaron actuar en bloque e incorporar también a municipios intermedios y rurales. Entre sus demandas está participar en la redacción de la Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales, además de quedar exentos del pago del bono para personas con discapacidad y de los aportes destinados a seguridad ciudadana. Los alcaldes también solicitaron un decreto que permita garantizar la continuidad y conclusión de obras municipales que están en ejecución.
El Bloque del sector de la Construcción declaró agotadas las instancias de diálogo con el Gobierno y solicitó la intervención directa del presidente Rodrigo Paz para atender la crisis que atraviesa la actividad. La alianza está integrada por la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Sociedad Boliviana de Ingenieros (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB). Las instituciones consideran que las mesas de trabajo anteriores tuvieron un carácter dilatorio y cuestionaron el Decreto Supremo 5597, al señalar que su aplicación no resuelve los problemas del sector. Entre sus demandas están un mecanismo permanente de reajuste de precios mediante una fórmula que incluya todos los insumos, la actualización de los presupuestos de obras con valores de mercado, entre otros.
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, informó que desde agosto espera una respuesta del Gobierno nacional a la solicitud de Bs 30 millones para atender a las familias afectadas por sequías y granizadas. La autoridad señaló que prácticamente el 100% de los municipios del departamento se declaró en desastre por diferentes causas. En el Chaco, la sequía afectó a la actividad ganadera, mientras que las granizadas golpearon a las zonas productoras del centro del departamento y de los Cintis. Ayllón afirmó que la Gobernación solicita una respuesta inmediata a Defensa Civil, pero hasta el momento no recibió los recursos requeridos. Según explicó, las gestiones se realizan de manera permanente ante esa instancia, sin que exista una solución. También advirtió que los efectos de los fenómenos climáticos ya se sienten en la producción.
La Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) será liquidada y la Empresa Metalúrgica Karachipampa ingresará a un proceso de reestructuración, informó Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). Sobre Epcoro, Camacho cuestionó el modelo de negocio aplicado por anteriores administraciones, al señalar que la empresa compraba oro a precios elevados y lo vendía a valores menores. La firma fue creada en marzo de 2024, durante el Gobierno de Luis Arce, con un capital inicial superior a Bs 102 millones. Su objetivo era participar en la producción y comercialización de oro en toda la cadena minera y contribuir al fortalecimiento de las reservas internacionales. La semana pasada, el Ministerio de Minería había anunciado que la empresa sería cerrada.
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron que se sumarán a las movilizaciones del Magisterio Urbano contra la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos. La ejecutiva de la organización cocalera, Vilma Choque, convocó a sus bases a participar en las protestas y sostuvo que el traslado de la administración de esos centros a las gobernaciones y alcaldías podría abrir el camino a la privatización de la educación. “Vamos a salir a defender la educación, no vamos a permitir que haya esta privatización”, afirmó. La dirigente argumentó que los gobiernos departamentales y municipales no cuentan con recursos suficientes para asumir esa responsabilidad. También advirtió que las movilizaciones serán contundentes y aseguró que el sector no teme al estado de excepción vigente en el país.
Los productores arroceros de Santa Cruz apenas sembraron unas 50.000 hectáreas hasta noviembre, frente a las 120.000 que habitualmente destinan a este cultivo. El retraso responde a las inundaciones que afectaron las cosechas de invierno y al aumento de los costos de producción, especialmente del diésel. Gonzalo Vásquez, dirigente del sector y expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, explicó que en años anteriores a estas alturas ya se había sembrado al menos el 80% de la superficie prevista. La demora en la cosecha de invierno también postergó el inicio de la campaña de verano, porque los agricultores suelen comenzar la nueva siembra después de recoger la producción anterior. Vásquez advirtió que, en el mejor de los escenarios, la superficie cultivada no superará las 80.000 hectáreas.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y más de 40 alcaldes de Santa Cruz comenzaron a trabajar en la identificación de riesgos y la formulación de proyectos preventivos frente a sequías, inundaciones e incendios forestales. La reunión se realizó en la capital cruceña en el marco del programa “Bolivia se prepara: proyectos que salvan vidas”, impulsado tras la declaratoria de Emergencia Nacional dispuesta por el presidente Rodrigo Paz. La iniciativa busca que los gobiernos municipales identifiquen sus principales amenazas, establezcan prioridades y presenten propuestas para gestionar recursos destinados a la prevención y atención de emergencias. Justiniano explicó que los proyectos deben surgir de las necesidades de cada municipio y llegar a las zonas donde puedan proteger más vidas.
Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), incorporado a la investigación fiscal del caso Maletas, establece que un can detector no alertó sobre la presencia de sustancias controladas durante la inspección de las 31 valijas que llegaron al aeropuerto de Viru Viru el 29 de noviembre de 2025. El reporte, fechado el 23 de enero de 2026, señala que los equipajes fueron revisados mediante el uso de un can K-9 y que no se detectó ninguna alerta. Las maletas pertenecían a Laura Rojas Ayala, sus dos hijas y Gabriel Giuliano Leoni. Después de la inspección, el equipaje fue trasladado a los depósitos de rezagados de la Aduana Nacional para continuar con el trámite correspondiente. El informe contradice la versión del exjuez Hebert Zeballos, quien afirmó que las maletas contenían marihuana procedente de California.
El fiscal general interino, Armando Urioste, informó que durante el allanamiento a una vivienda vinculada con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se encontraron cheques y documentos relacionados con cuentas en el extranjero. La autoridad aclaró que no se halló dinero ni armas durante el operativo, realizado en el marco de la investigación del caso Maletas. “Unos cheques del extranjero, unas cuentas del extranjero que se va a proceder a investigar si hay alguna relevancia, pero nada más de relevancia”, manifestó Urioste al referirse a los documentos encontrados. El fiscal indicó que esos elementos serán revisados para establecer si tienen relación con los hechos investigados. Saucedo permanece en paradero desconocido y tiene una orden de aprehensión vigente.
