Consejo de la Magistratura entregará al fiscal general informe sobre cinco jueces desvisados por EEUU


EEUU publicó dos listas en las que figuran los nombres de funcionarios y exfuncionarios a los que decidió prohibirles el ingreso a su país por presuntos vínculos con el narcotráfico.

eju.tv / Video: DTV



El Consejo de la Magistratura entregará a la Fiscalía General del Estado un informe oficial sobre los antecedentes de cinco jueces a los que Estados Unidos les retiró la visa por sus presuntos vínculos con delitos de narcotráfico.

«En la lista de Estados Unidos figuran cinco (jueces en funciones), de los cinco se ha hecho un relevamiento y se va a entregar la documentación al Ministerio Público de todo lo que se pudo obtener del levantamiento técnico que han hecho Control y Fiscalización y la Unidad de Transparencia de Santa Cruz», afirmó este viernes el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.

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El Gobierno estadounidense publicó dos listas en las que figuran los nombres de funcionarios y exfuncionarios a los que decidió prohibirles el ingreso a Estados Unidos. La revisión documental del Consejo de la Magistratura no se limitó a los cinco jueces observados, sino a todos los servidores de la Fiscalía de Santa Cruz.

«También se ha hecho el relevamiento de todos los jueces cautelares de Santa Cruz para entregar la información y para que el Ministerio Público establezca sus responsabilidades», dijo Spencer.

El Consejo de la Magistratura derivará el informe correspondiente al fiscal general del Estado, José Urioste, para que, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúe los antecedentes y determine las acciones investigativas o legales que correspondan.

«Vamos a informar de aquellos jueces que eran (funcionarios) antes y que hoy son autoridades del Órgano Judicial para que se vea qué clases de delitos llevaron y cuántos delitos de narcotráfico llevaron y en qué tiempo largaron a estas personas que cometieron delitos de narcotráfico y lesa humanidad», precisó el presidente.

El trabajo incluyó un levantamiento técnico y la revisión de antecedentes, resoluciones y actuaciones judiciales emitidas en los procesos identificados, con el propósito de establecer los elementos necesarios para que las instancias competentes determinen las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente.