Durante mayo y junio de este año, Bolivia atravesó uno de los periodos de mayor conflictividad social de los últimos años, con bloqueos de carreteras que se prolongaron durante 53 días y afectaron la circulación de personas, el transporte de alimentos, el comercio y las actividades productivas.
Fuente: ABI
La interrupción de las principales rutas nacionales perjudicó especialmente a las familias del occidente del país, que enfrentaron dificultades para acceder a productos de primera necesidad, recordó la Oficina del Presidente en redes sociales.
La situación tuvo consecuencias directas en los mercados de La Paz y El Alto, donde hubo problemas de abastecimiento, mientras miles de transportistas permanecieron varados en diferentes puntos de las carreteras. En rutas como Sayari y Patacamaya, más de 5.000 camiones quedaron afectados por las interrupciones, y los sectores comerciales reportaron caídas de hasta el 90% en sus ventas.
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Frente a este escenario, el gobierno del presidente Rodrigo Paz desarrolló una estrategia de diálogo y negociación sector por sector, con la participación de fabriles, mineros y otros actores sociales y finalmente una firma de acuerdo con la Central Obrera Bolivia (COB) que logró la desactivación del conflicto.
Paralelamente, se articularon acciones de solidaridad desde el oriente, Chuquisaca y Potosí para contribuir al abastecimiento de las poblaciones afectadas por el aislamiento de las principales rutas.
El 20 de junio, ante la prolongación del conflicto y las dificultades para restablecer la libre circulación, el presidente dispuso un estado de excepción en el territorio nacional, bajo el argumento de proteger a la población, recuperar las carreteras y garantizar el abastecimiento.
La medida contempló la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y mantuvo abiertas las vías institucionales para el diálogo.
Al referirse posteriormente a este periodo, el primer mandatario destacó la importancia de la concertación frente a la confrontación: “Los 53 días no se hizo uso de la fuerza, sí de mesa de diálogo”, dijo el 7 de octubre.
Para el Gobierno, la experiencia dejó en evidencia cómo los conflictos prolongados afectan la vida cotidiana, el trabajo y la alimentación de miles de familias, y la importancia de preservar espacios de negociación para atender las demandas sociales sin interrumpir los derechos y actividades de la población.
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