El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el retorno a los bonos y el ajuste a los combustibles marcaron el primer año de Gobierno. Tres economistas reconocen el cambio de rumbo, pero advierten que la inversión y el empleo tardan en despegar
Por César del Castillo
Fuente: El Deber
Bolivia volvió a conseguir financiamiento externo, pero su economía no logra revertir todavía el lastre de dos décadas de despilfarro. Esas dos caras de la moneda resumen el primer año de gobierno de Rodrigo Paz: el Gobierno abrió puertas a fondos externos mientras las familias enfrentan escasez de dólares y una producción en retroceso. El aniversario también carga con un episodio que golpeó bolsillos y credibilidad: la gasolina de mala calidad.
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Paz asumió el 8 de noviembre de 2025 entre escasez de divisas, desabastecimiento y déficit fiscal. Doce meses después, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la emisión de bonos soberanos y el retiro parcial de la subvención a los combustibles muestran un cambio de dirección.
Otro rumbo; sin despegue
«Lo bueno es el cambio de orientación de la política económica e internacional», afirma Carlos Augusto Aranda Herrera, economista de Populi. Valora la apertura financiera, pero señala «una gestión deficiente y problemas de planificación». El ajuste a los carburantes quedó incompleto y el FMI se demoró.
El programa con el organismo prevé unos $us 1.900 millones en 36 meses, con desembolsos sujetos a metas y revisiones. A ello se suma la colocación de $us 1.000 millones en bonos soberanos.
Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), reconoce «decisiones valientes» en la flexibilización cambiaria y la reducción de la subvención a los combustibles. Destaca asimismo la apertura internacional y el diálogo empresarial. Sin embargo, observa que el Gobierno «retrocedió en cuanto a los cambios estructurales esperados».
El dólar flexible tampoco devolvió plena normalidad a las operaciones bancarias: persisten restricciones para retirar divisas y costos elevados en las transferencias, que se consideran un freno para las empresas.
«El nuevo ciclo político no se ha traducido en un nuevo ciclo económico con más inversión y producción», advierte Rodríguez.
Según los datos citados por Aranda, el PIB cayó 3,27% en el primer semestre de 2026. La construcción se contrajo 27%; el transporte, 12,7%, y el comercio, 8,4%. Los bloqueos, impulsados por Evo Morales, agravaron la caída.
Aranda señala otro tema pendiente: «Todavía desconocemos el impacto social completo de esta crisis». La última Encuesta de Hogares llega a 2025, cuando, según su evaluación, ya había alrededor de un millón de personas adicionales por debajo de la línea de pobreza moderada.
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Cambios pendientes
A las dificultades económicas se sumó la crisis de la gasolina de mala calidad. Las denuncias de daños en vehículos pusieron en cuestión los controles sobre los combustibles. Los afectados denunciaron gastos de reparación; el Gobierno afrontó un costo político por un problema cuya magnitud económica total aún no está establecida.
Rodríguez coloca la «gasolina basura» entre «lo feo» de la gestión. Sostiene que sus causas no terminaron de esclarecerse y menciona cuestionamientos a YPFB y la ANH, junto con denuncias de corrupción que deben investigarse.
No todo se explica por la herencia recibida. Rodríguez cuestiona que «gran parte del tiempo del Ejecutivo está copado por la política, sacrificando la agenda productiva». Desde la otra vereda, Aranda advierte que sin acuerdos políticos no habrá reformas capaces de sostener la estabilización.
La nueva Ley de Hidrocarburos, las reglas para atraer capital y la revisión del aparato estatal siguen pendientes. El exministro Ramiro Cavero critica la lentitud de las decisiones y la ausencia de condiciones para la inversión.
El desafío, tras el primer año de gestión, no es anunciar el cambio de rumbo, es lograr que se traduzca en producción, empleo e ingresos, coinciden los analistas.
La factura del gradualismo: inversión estancada, reformas pendientes y un Estado que no se reduce
El exministro de Economía Ramiro Cavero considera que el Gobierno eligió el gradualismo cuando la crisis exigía decisiones más rápidas. El acuerdo con el FMI facilita financiamiento, pero no basta para reactivar la producción: según las proyecciones que cita, Bolivia recién recuperaría en 2031 el tamaño de su economía de 2023.
Su crítica apunta a la inversión. Sin arbitraje internacional, reguladores independientes y cambios en las normas de hidrocarburos y minería, sostiene, será difícil atraer capital extranjero. Cuestiona que los ciudadanos asuman el ajuste mientras el gasto corriente y las empresas estatales siguen casi intactos.
El proyecto de Presupuesto 2027 plantea un déficit del 6,7% del PIB. Para Cavero, la reducción es insuficiente y refleja que el Estado todavía gasta más de lo que puede sostener. Critica además la propuesta de transferir apenas el 1% de coparticipación a las gobernaciones, lejos de un pacto fiscal profundo. También reclama reducir el tamaño del Estado y revisar esas empresas.
Su conclusión es que el país necesita normalizar el acceso a dólares, acelerar las reformas y atraer nueva inversión antes de que el estancamiento se prolongue.
Fuente: El Deber
