El exministro sostiene que el rechazo social a las condenas impulsó nuevas investigaciones y denuncia que, detrás de los casos de narcotráfico, también operaba una estructura de extorsión en la justicia.
eju.tv / Video: ATB
El exministro de Gobierno Guido Nayar afirmó que el rechazo ciudadano al juicio abreviado en Santa Cruz, que permitió imponer penas menores al exjuez Aldo Quezada y al exfiscal Julio César Porras, generó presión para profundizar las investigaciones sobre una presunta estructura de corrupción dentro del Órgano Judicial.
Las exautoridades judiciales fueron procesadas por el ‘caso maletas’ y recibieron condenas de tres años de prisión por el delito de organización criminal, tras someterse a procedimientos abreviados. El viernes 13 de noviembre, Quezada aceptó su responsabilidad ante la Justicia y se convirtió en el primer sentenciado dentro del caso. Por su parte, Porras fue sentenciado luego de rendir su declaración como testigo.
En la lectura hecha por la exautoridad (1997 – 1999), el caso expuso que el narcotráfico y las extorsiones son las vertientes que muestran un preocupante y acelerado proceso de descomposición dentro del sistema judicial, que muestra el hartazgo de la población en la forma en que se administra justicia en el país.
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“Entonces, para mí ha sido la opinión pública la que ha generado este otro proceso, este otro paso para llevar adelante esta investigación tan completa de lo que yo denomino esta suerte de organización criminal, organización criminal del Poder Judicial”, sostuvo Nayar durante una entrevista en la red ATB.
El exministro señaló que el acuerdo judicial provocó indignación porque, a su juicio, la población esperaba una investigación más profunda y sanciones de mayor alcance.
“La gente quedó estupefacta en el sentido de decir: le damos tres años y estos señores se van a su casa”, manifestó al referirse a las condenas.

Nayar vinculó una de las vertientes de esa presunta estructura con el tráfico internacional de drogas y el caso Maletas. Según su análisis, en ese circuito habrían participado personas de distintas reparticiones públicas, entre ellas funcionarios de Aduana y Migración, además de efectivos policiales, fiscales y jueces.
También cuestionó que la Fiscalía no hubiera investigado si existieron otros casos con características similares, en los que diputados habrían utilizado pasaportes diplomáticos. “Este es un modus operandi que se dio hace mucho tiempo”, afirmó.
La segunda vertiente, según Nayar, estaba relacionada con las extorsiones dentro del sistema judicial, que calificó como millonarias y extendidas a distintos departamentos del país. Describió un mecanismo en el que fiscales, jueces e incluso médicos forenses supuestamente cobraban para favorecer a personas procesadas.
“Los procesos en Bolivia tienen un precio. Un precio tiene el fiscal, un precio tiene el juez”, expresó. Añadió que, en algunos casos, se habrían emitido diagnósticos de enfermedades graves, incluso inventadas, dijo, para conseguir detenciones domiciliarias.
El también exdiputado (1993 – 1997) sostuvo que estas prácticas habrían generado millones de dólares y cuestionó que los implicados pudieran beneficiarse de un juicio abreviado. A su criterio, el sistema judicial está ‘enfermo de corrupción’ y no responde a la demanda ciudadana de sanciones ejemplarizadoras.